Washington.- El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, expresó hoy su deseo de que el Gobierno de Estados Unidos declare el golpe de Estado del 28 de junio un golpe militar y condene de forma contundente las violaciones a los derechos humanos.
"El Departamento de Estado todavía no se ha pronunciado sobre las violaciones a los derechos humanos. Esperamos que en las próximas horas no sólo la declaratoria de golpe (militar) sino también (su respuesta) sobre los derechos humanos sean totalmente contundentes y evidentes", señaló Zelaya en una conferencia en la Universidad George Washington.
La petición de Zelaya, quien fue derrocado y expulsado de su país el 28 de junio pasado, se produce la víspera de su reunión con la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton.
El Departamento de Estado ha reconocido que estudia la posibilidad de calificar de "golpe militar" el derrocamiento de Zelaya y, de momento, ha suspendido unos 18 millones de dólares en ayudas, pero esa decisión cortaría también el resto de asistencia.
El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, indicó hoy que todavía no se ha tomado una decisión al respecto.
En concreto, la firma de Clinton significaría suspender a Honduras las ayudas de la Millennium Challenge Corporation (MCC), que suscribió en 2005 un convenio de cinco años con Tegucigalpa por 215 millones de dólares.
Hasta la fecha, la MCC ha desembolsado 80,3 millones de dólares a Honduras bajo ese convenio.
Los restantes 135 millones de dólares no podrían ser entregados al país centroamericano bajo esa calificación, conforme a la ley estadounidense de ayuda al exterior.
En la reunión con Clinton, el depuesto mandatario hondureño tratará esta cuestión y el resultado de la mediación del presidente costarricense, Óscar Arias, que, en opinión de Zelaya, se ha visto "debilitada totalmente" por la negativa del Gobierno de Roberto Micheletti a aceptar el plan del Premio Nobel de la Paz de 1987.
El depuesto presidente dijo que abordará también con Clinton las violaciones a los derechos humanos en Honduras a manos del gobierno de facto, y denunciará, a modo de ejemplo, el hecho de que el ex capitán del ejército hondureño Billy Joya, asociado a los "escuadrones de la muerte", sea ahora ministro asesor en materia de seguridad de Micheletti.
Según Zelaya, EE.UU. ha impulsado varias acciones de presión contra el gobierno de facto después del golpe de Estado, pero "hay muchas otras cosas que hacer".
El Gobierno del presidente Barack Obama, dijo, se ha involucrado en la búsqueda de una solución a la crisis cuando propuso como mediador a Arias, por lo que ahora pide más acciones contundentes de parte de EE.UU.
"Su propuesta de mediación y el documento para buscar una solución no lo acepta el pequeño grupo de insurrectos golpistas de Honduras y se burla prácticamente de la comunidad internacional, y además de la propia administración de Estados Unidos", afirmó Zelaya.
Kelly señaló al respecto que EE.UU. sigue pensando que puede "ayudar" al gobierno de facto a tomar la decisión adecuada -la de aceptar el acuerdo- al usar su influencia y hacer llamamientos a todos los actores políticos, actuar a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) y aplicar medidas de presión.
Zelaya recalcó que la primera potencia del mundo no puede poner en juego el cambio en política exterior que ofreció a América Latina por "alguien que dio un golpe y que no acepta las recomendaciones ni de Estados Unidos ni de la comunidad internacional".
"Es un gran reto, una prueba de fuego para la Administración Obama ese primer zarpazo a la democracia en América Latina", señaló.
Zelaya confió, no obstante, en que EE.UU. aumentará su presión.
"Creo que tiene la voluntad de hacerlo, pero vamos a ver si realmente puede ejercitarla", agregó.
Aseguró, además, que "el 90 por ciento de los países del mundo no van a reconocer un gobierno surgido de unas elecciones dirigidas por un régimen ilegal", aludiendo a los comicios previstos para el 29 de noviembre en su país.
"No van a reconocer las elecciones mientras el presidente electo no sea restituido en sus funciones y no se revierta el golpe de Estado", porque unas elecciones en estas condiciones "no representan una salida, sino más bien una profundización de la crisis política", concluyó.
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