Santa Cruz de Tenerife.- El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy pedir por la vía de urgencia un dictamen al Consejo Económico y Social sobre el Plan de Vivienda 2009-2012, que incluye sufragar parte del alquiler a familias con ingresos inferiores a 10.000 euros anuales para favorecer la movilidad laboral.
Según dijo hoy el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo, el nuevo Plan de Vivienda movilizará 2.800 millones de euros, entre la iniciativa privada y la pública, y pretende facilitar el acceso a una casa a unas 135.000 familias, un 50 por ciento más que el anterior.
De hecho, Martín Marrero explicó que el objetivo del anterior Plan de Vivienda era llegar a 89.000 familias y finalmente lo hizo a más de 100.000, lo que supone un grado de ejecución del 115 por ciento.
El nuevo documento marcará como líneas prioritarias el impulso a la rehabilitación y reposición de viviendas, el fomento del alquiler, lo que facilitará la movilidad laboral y el programa específico para la juventud canaria, uno de los sectores de la población con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
La previsión del Gobierno es realizar 46.405 actuaciones en materia de rehabilitación y reposición, un 95 por ciento más que en el plan anterior para conservar y mejorar los edificios y viviendas; 32.605 actuaciones en materia de alquiler, un 17 por ciento más que en el plan anterior y 29.305 actuaciones en materia de vivienda joven, un 86 por ciento más.
El nuevo plan considera colectivos preferentes a las familias con menores recursos, jóvenes, mayores de 65 años, mujeres víctimas de violencia de género, familias numerosas o con dependientes a su cargo, monoparentales, personas con discapacidad y personas legalmente separadas o divorciadas y se tendrá como objetivo que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda protegida no supere la tercera parte de sus ingresos.
También contempla, ante la situación económica, medidas transitorias y excepcionales que junto a las propias líneas del Plan dinamicen la economía canaria, potencien el acceso a las familias con menores ingresos y apoyen la sostenibilidad del territorio.
Como ejemplo de estas propuestas, se encuentra la posibilidad de que 2.000 viviendas terminadas se alquilen a familias con ingresos inferiores a 10.000 euros, con un alquiler mensual de 350 euros de los que el inquilino abonará 50 y el resto el Gobierno regional.
El portavoz del Gobierno canario manifestó que el Ejecutivo considera esta propuesta como una herramienta que facilitar la movilidad laboral, "una historia pendiente" en Canarias que no puede imponer el Gobierno, pues también depende de la voluntad de los ciudadanos.
Este asunto es complicado ya que no sólo hay problemas de movilidad laboral entre las distintas islas, sino entre las comarcas de un mismo territorio insular, destacó Marrero.
El desarrollo del total de actuaciones previstas en el nuevo Plan de Vivienda supondrá la movilización de alrededor de 2.800 millones de euros en el Archipiélago, 2.008 millones procedentes de la inversión privada, fundamentalmente préstamos hipotecarios y 791 de las administraciones públicas.
El portavoz justificó además la petición del informe al Consejo Económico y Social por la vía de urgencia en el hecho de que el Plan de Vivienda es un elemento dinamizador de la economía en una situación de crisis y por su necesidad social.
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