Tegucigalpa.- La campaña para las elecciones generales en Honduras arrancó hoy con la presentación de programas por parte de los candidatos y también con una manifestación de seguidores del depuesto presidente, Manuel Zelaya, para pedir que no se reconozca internacionalmente el proceso.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Saúl Escobar, al oficializar el inicio de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre, instó a los hondureños a celebrar "una fiesta cívica".
Además, el TSE difundió las prohibiciones que establece la Ley Electoral para la campaña, entre ellas recurrir a la violencia, promover la abstención o recibir aportaciones anónimas y de gobiernos, personas e instituciones del extranjero.
Zelaya, quien fue derrocado por los militares el 28 de junio y permanece en Managua, aunque hoy era esperado en Washington, ha hecho llamamientos para que la comunidad internacional no reconozca los resultados de las elecciones que fueron convocadas por el TSE el 28 de mayo pasado, cuando él aún estaba en el Gobierno.
Los dos principales candidatos presidenciales, Elvin Santos, del gobernante Partido Liberal, y Porfirio Lobo, del opositor Partido Nacional, fueron los primeros en iniciar sus respectivas campañas y ya difunden publicidad por algunos medios de comunicación.
Santos, quien fue vicepresidente con Zelaya y renunció en 2008, inició su campaña con cientos de seguidores en un hotel de Tegucigalpa, donde ofreció obras de infraestructura, generación de empleo y mejorar la seguridad pública, entre otros puntos de su programa.
Lobo afirmó, ante centenares de partidarios en la sede de su campaña, que él representa "el cambio" que necesita el país y promoverá "un ingreso digno, educación con salud y seguridad para todos".
Santos y Lobo, cuyos partidos son los mayoritarios y tradicionales de Honduras, ya han colocado banderas de sus partidos y otra propaganda en calles de Tegucigalpa.
Pero, durante una nueva marcha de protesta en Tegucigalpa, los seguidores de Zelaya pusieron hoy en banderas liberales colgadas en varias calles la palabra "Mel", como se conoce al depuesto presidente, para reiterar su demanda de que regrese al poder, y derribaron una valla publicitaria de Lobo.
De los otros cuatro candidatos, el ex dirigente sindical Felicito Ávila, de la Democracia Cristiana, ofrece respeto a la ley, una amplia política de previsión social y combatir la corrupción.
Bernard Martínez, candidato del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, dice que promoverá un gobierno de cohesión social y reconciliación, justicia social, una política general de empleos y seguridad.
César Ham, de Unificación Democrática, izquierda, y el sindicalista Carlos Reyes, independiente, no han oficializado sus programas electorales y están inmersos en el movimiento que pide el regreso de Zelaya, a quien apoyaban desde antes de su derrocamiento.
En la manifestación de hoy, el frente de resistencia reiteró que ni los hondureños ni la comunidad internacional deben reconocer el proceso electoral porque se llevará a cabo bajo un régimen de facto.
Los seguidores de Zelaya exigen la salida de Roberto Micheletti, a quien el Parlamento designó como presidente también el 28 de junio, el cual ha restado importancia a las amenazas de la comunidad internacional de no reconocer las elecciones ni al nuevo Gobierno.
Ante la crisis causada por el golpe de Estado, la vía que "tiene vigencia y que nos puede ayudar a retomar el camino de la paz es el tema electoral", declaró el presidente del TSE a la prensa.
Escobar reiteró el llamamiento del TSE a los partidos políticos y los candidatos para que hagan "una campaña de altura, propositiva", en la que planteen sus propuestas y programas sin recurrir a "la descalificación, la diatriba y la confrontación".
Los hondureños votarán el 29 de noviembre para elegir nuevo presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano, y 298 corporaciones municipales.
El ganador de los comicios asumirá la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2010 para un período de cuatro años.
El día que fue derrocado, Zelaya había organizado, pese a que la justicia y el parlamento lo declararon ilegal, una consulta popular para que los hondureños decidieran si el 29 de noviembre se agregaba una urna más con vistas a convocar una Asamblea Constituyente en el país.
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