Buenos Aires.- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, hizo hoy fuertes críticas a la prensa al anunciar el envío al Parlamento de un proyecto para reemplazar la ley de radiodifusión vigente desde la última dictadura militar (1976-1983).
"Cuidado que libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Derecho a la información significa derecho a toda la información, no al ocultamiento de una parte de la información o a la distorsión o a la manipulación de una parte", advirtió.
Fernández dio estas declaraciones en un acto celebrado en la Casa de Gobierno que contó con la presencia de ministros, gobernadores provinciales, intelectuales, periodistas y miembros de agrupaciones sociales que apoyan la iniciativa.
"Este proyecto no es de un Gobierno o un partido, es de la sociedad y de los 118 periodistas detenidos-desaparecidos durante la dictadura", enfatizó la mandataria en un discurso transmitido por la cadena nacional de radio y televisión.
En marzo pasado, el Gobierno había dado a conocer un anteproyecto de Ley de Servicios Audiovisuales a partir del cual hubo una ronda de consultas entre organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos y empresas de medios.
El texto original, que se elaboró a partir del Derecho comparado en materia de comunicación audiovisual, recibió medio centenar de modificaciones tras ser analizado en 24 foros de debate que se realizaron a lo largo del país.
La intención del Ejecutivo es que el proyecto sea aprobado antes de diciembre próximo, cuando el oficialismo dejará de tener mayoría propia en el Parlamento debido a que asumirán los legisladores elegidos en los comicios de junio pasado.
La iniciativa ha generado ásperas polémicas y, a pesar de que hasta ahora su contenido es una incógnita, sectores de la oposición y de la prensa advirtieron que la reforma oculta la intención del Gobierno de controlar a los medios de comunicación.
Igualmente, en ámbitos políticos, empresariales y periodísticos también hay consenso sobre la necesidad de actualizar una norma vigente desde 1980, cuando lo más moderno que había en Argentina era la televisión en color.
Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Fernández, el Ejecutivo mantiene una relación tirante con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.
En tanto, las compañías españolas Telefónica y Prisa controlan el canal de TV abierta Telefé y la bonaerense Radio Continental, respectivamente, mientras que en distintos medios de televisión y radio hay presencia de capitales mexicanos y estadounidenses.
Si bien coincide en la necesidad de actualizar la ley, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas considera importante excluir por completo la regulación sobre los contenidos periodísticos, de información y de opinión, y las injerencias estatales en materia de programación.
En marzo último, el coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Luis Lazzaro, adelantó a Efe que la reforma "va a ratificar el criterio vigente del 30 por ciento de inversión extranjera" como tope en el sector.
La propuesta también pone límites a las atribuciones de los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, que en un 33 por ciento deberán ser adjudicadas a organizaciones sin fines de lucro.
El anuncio presidencial recibió duras críticas de la oposición, que argumentó que el proyecto debería ser tratado por el Parlamento después del 10 de diciembre, cuando asumirán los legisladores elegidos en junio y el oficialismo pierda la mayoría propia.
Los líderes de Unión-Pro, la alianza entre conservadores y peronistas disidentes que resultó una de las ganadoras en las legislativas de junio, ofrecieron una rueda de prensa en la que rechazaron el envío del proyecto al Congreso en este momento.
"Rechazamos que el proyecto avance antes de que estén conformadas las nuevas cámaras", indicó el diputado Francisco De Narváez, mientras su colega Felipe Solá consideró que debatir la iniciativa antes de diciembre es una forma de "violentar la política" e ignorar la derrota oficialista de junio.
Lo mismo opinaron la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, al destacar el "escaso respeto" por los "mecanismos, las herramientas y las instituciones" demostrado por el Gobierno.
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