Madrid.- El PP se ha opuesto hoy a que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, comparezca en la Asamblea de Madrid para informar de la participación de sus asesores de seguridad en los presuntos seguimientos al ex consejero madrileño del PP, Alfredo Prada.
Las portavoces de la oposición en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU), han reclamado hoy en la Diputación Permanente la comparecencia de Granados en un pleno extraordinario después de que haya salido a la luz que tres asesores del consejero han reconocido al juez haber recibido ordenes para realizar seguimientos a cargos públicos del PP.
El portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, ha justificado el rechazo de su grupo a la petición del PSOE e IU, argumentando que "nada" en la investigación judicial "apunta a nada" que pudiera llevar a "reabrir" la comisión parlamentaria sobre los supuestos espionajes.
Para Pérez, las portavoces de la oposición tratan de "someter a personas honorables -en referencia al consejero Granados- a interrogatorios inaceptables" sobre un tema que ya ha sido "lo suficientemente aclarado", y, de este modo, efectúan "acusaciones falsas y calumniosas", lo que constituye, a su juicio, "una traición al electorado y una pérdida de tiempo".
Menéndez ha subrayado, sin embargo, que no le valen las "estrategias" del PP, un grupo al que ha pedido que "afronte sus responsabilidades políticas y asuma, de una vez, estos hechos tan lamentables que han vulnerado derechos fundamentales de las personas, y en los que han utilizado medios públicos para financiar una actividad ilegal".
La portavoz socialista ha apuntado que "es un delito mentir ante una comisión de investigación" y que, por ello, el consejero Granados "debe explicar cómo pudo decir que jamás se realizaron seguimientos a Prada si después sus propios asesores lo han confirmado".
"Los asesores de Granados han reconocido que sí realizaron los seguimientos a Prada, y los realizaron con fondos y medios públicos", ha reiterado Menéndez, quien ha reprochado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que haya dedicado su primera comparecencia tras las vacaciones "a lo único que sabe hacer, oponerse al Gobierno de España, en lugar de a tratar los problemas de los ciudadanos".
Asimismo, la portavoz de IU ha recordado que el PP "cerró la comisión parlamentaria sobre los espionajes, pero no las sospechas", y se ha mostrado convencida de que Aguirre "conoció, amparó y permitió los seguimientos" a altos cargos del PP como Alfredro Prada o a al número dos del alcalde de Madrid, Manuel Cobo.
Por eso, Sabanés ha exigido a Aguirre y a Granados -"de quien es incomprensible que no haya sido fulminantemente cesado"- que "dimitan" porque los supuestos espionajes constituyen "unos hechos gravísimos" que implican la pérdida de confianza hacia un Gobierno.
La portavoz de IU también ha asegurado que la comisión de investigación de la Asamblea fue "o una chapuza o una coartada" y ha recordado que los asesores de Granados "han dado ya tres versiones, una a la secretaria general técnica que estudió los hechos a petición de la Comunidad, otra a la Policía y una tercera, diferente, a los juzgados".
El portavoz popular, que ha cerrado las intervenciones entre las quejas de los diputados de la oposición, ha concluido que los presuntos espionajes "ya fueron aclarados en sede parlamentaria, y están siendo investigados por la Justicia".
Previamente a este punto, los populares también han rechazado la petición de comparecencia de la consejera de Educación, Lucía Fijar para que diera explicaciones de los malos resultados obtenidos en la prueba de nivel por los alumnos de sexto de primaria y tercero de la ESO.
El diputado socialista, Adolfo Navarro, autor de la propuesta, ha criticado que los resultados de esta prueba -que suspendió el 57% del alumnado- son "inaceptable en una comunidad con el nivel de renta de Madrid", lo que demuestra que la educación es "el gran fracaso de Aguirre", que ha promovido un sistema educativo "precario y desigual" cuya tasa de fracaso escolar duplica la de la Unión Europea.
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