Valladolid.- La mayoría absoluta del PP impidió hoy que el presidente de la Junta tenga que comparecer en sesión extraordinaria de las Cortes para informar del retraso en la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y que el consejero de Familia informe inmediatamente sobre supuestas irregularidades en una residencia pública de Aranda de Duero (Burgos).
Ambas comparecencias en periodo extraordinario de sesiones parlamentarias habían sido solicitadas por el Grupo Socialista, por entender que los dos asuntos son urgentes, lo que no ha sido compartido por la bancada del PP, que se opuso a las peticiones, y por el Grupo Mixto, que se inclinó por la abstención.
Los dos asuntos fueron tratados hoy en la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes regionales, donde el partido del Gobierno (PP) y el de la oposición (PSOE) protagonizaron un encendido debate repleto de versiones contradictorias.
El procurador del PSOE Francisco Ramos denunció el "incumplimiento" del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, por entender que faltó a su palabra en sede parlamentaria al prometer que la Renta Garantizada de Ciudadanía sería una realidad en julio pasado.
Ramos reclamó "honradez política y transparencia" para que se cumpla lo acordado en las Cortes y los más desfavorecidos puedan recibir la renta correspondiente.
Por el PP, el portavoz Carlos Fernández Carriedo argumentó que el establecimiento de dicha renta exige que no se actúe con improvisación y destacó que su entrada en vigor requiere la intervención de los agentes sociales y económicos.
Ildefonso Sanz, del PSOE, denunció las "deficiencias e irregularidades" de la residencia pública Virgen de las Viñas, de Aranda de Duero (Burgos), donde, según los datos que aportó procedentes de familiares de los internos y de trabajadores del centro, se han producido casos de deshidratación y desnutrición de los residentes.
Sanz reclamó la comparecencia urgente del consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, para que explique la situación de la residencia, los fallecimientos de internos, la falta de personal del centro, las denuncias y el "abandono permanente" de los mayores.
En nombre del PP, el procurador Fernando Rodríguez, subrayó que no hay ningún indicador que justifique la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión de Familia ni las acusaciones de la mala gestión de la residencia.
Rodríguez negó las "irregularidades" esgrimidas por el PSOE y culpó a este Grupo parlamentario de crear "alarma social" y airear "torticeramente" la situación por interés partidista.
Los dos asuntos considerados en la sesión de la Diputación Permanente serán tratados previsiblemente en periodo ordinario de sesiones, cuando se reanude el habitual curso parlamentario y se fije la fecha y forma de su debate por los órganos rectores de la Cámara.
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