Oviedo.- El director general de Patrimonio, Javier Uría, ha afirmado hoy que la iniciativa para dotar a la capital de Asturias de un nuevo complejo judicial "se acomoda plenamente a la Ley de Patrimonio del Principado".
El Gobierno del Principado de Asturias sostiene así que el proyecto del nuevo Palacio de Justicia de Oviedo, con una inversión de 176 millones de euros, se enmarca dentro de la normativa legal vigente.
Uría se ha pronunciado en estos términos a través de un comunicado a raíz de que IU presentase un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra el acuerdo suscrito con la empresa Jovellanos XXI para el arrendamiento del futuro Palacio de Justicia que se construirá en la parcela de El Vasco, en Oviedo.
Sobre este punto, el director general de Justicia, José Manuel Fernández, ha señalado que el recurso presentado desde la coalición adolece de "legitimación activa", tal y como ya ocurrió con el que presentó en su día ante el Consejo de Gobierno del Principado.
Según Uría, el acuerdo del Consejo de Gobierno del 24 de junio, por el que se inició la operación del futuro Palacio de Justicia, "cumple con todas las normas legales vigentes y cuenta con todos los informes preceptivos".
El Consejo de Gobierno dio luz verde al inicio de la operación del nuevo Palacio de Justicia de Oviedo en la finca de la antigua estación de El Vasco, en la que la Administración Autonómica adquirirá el complejo judicial durante el periodo de arrendamiento que se establece en un periodo máximo de 30 años.
La operación del nuevo Palacio de Justicia de Oviedo tendrá una inversión de 176 millones de euros y la superficie estimada del nuevo edificio judicial ascenderá a 60.000 metros cuadrados.
La construcción del nuevo complejo judicial de Oviedo será realizada por la empresa Jovellanos XXI, propietaria del terreno y que entregará concluido el Palacio de Justicia, que acogerá 46 órganos judiciales y 700 profesionales, y urbanizada el área al final en un periodo de 30 meses desde el inicio de las obras.
El Gobierno del Principado de Asturias adquirirá el complejo judicial durante el periodo de arrendamiento, que se establece en un plazo máximo de 30 años.
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