Palma.- El representante de la empresa Smartvision, suministradora del videomarcador del Palma Arena, Ricardo Arroyo, ha comparecido hoy como imputado ante el juez instructor del llamado "caso Palma Arena", José Castro, en relación a la adjudicación y el posible sobrecoste de ese aparato electrónico.
Arroyo ha prestado declaración durante más de una hora ante el magistrado que investiga una posible trama de corrupción entorno a la construcción del velódromo durante la pasada legislatura del PP, aunque aún se desconocen los delitos que se le imputan, según ha informado su abogado, Gabriel Garcías.
El letrado ha asegurado, al salir del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que la declaración de su defendido "ha ido bien", pero que no aportará más información a petición de su cliente, pues ya no pesa sobre la causa el secreto de sumario desde el miércoles.
Preguntado sobre el posible sobrecoste del videomarcador digital suministrado por la empresa de su representado, que según diversas fuentes podría haber alcanzado los seis millones de euros, Garcías ha afirmado desconocer el presupuesto final, aunque cree que "ni siquiera ha costado la mitad, ni la tercera parte" de dicha cifra.
Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán dirigen las diligencias en la instrucción del caso por presunta malversación de fondos, falsedad documental y cohecho en la construcción del velódromo palmesano.
El pasado 8 de agosto, el juez dictó libertad bajo fianzas de entre 15.000 y 50.000 euros para cinco imputados en la causa, entre los que se encuentran el ex director general de Deportes del Govern José Luis "Pepote" Ballester, y el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés.
Los otros tres imputados que fueron detenidos el 5 de agosto y puestos en libertad el día 8 son el concejal del PP Rafael Durán -también ex presidente del consorcio del Palma Arena-; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; y el jefe de obras de la UTE constructora (FCC y Melchor Mascaró), Miguel Ángel Rodríguez.
En la fase de instrucción de la causa han declarado ya ante el juez más de una decena de imputados, entre ellos los hermanos arquitectos Jaime y Luis García-Ruiz, que asumieron el proyecto de Schürman cuando éste dejó de encargarse de él.
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