Madrid.- Un año después del accidente aéreo en el que 154 personas fallecieron el 20 de agosto de 2008 tras estrellarse un avión de Spanair en el aeropuerto de Barajas, el juez que investiga el siniestro mantiene imputados a dos técnicos de la compañía.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, mantiene imputados por 154 delitos de homicidio imprudente -el número de fallecidos en el accidente- y 18 de lesiones imprudentes -los heridos- al mecánico de Spanair Felipe G.R. y al jefe de mantenimiento de la compañía en Barajas, Jesús T.A.
El magistrado, que en un principio imputó también a un técnico de mantenimiento aunque finalmente retiró dicha imputación, justificó las de los otros dos en los indicios que se desprendían del informe preliminar elaborado el 8 de octubre de 2008 por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).
El pasado lunes se conoció el informe "interino" de la CIAIAC, según el cual el avión siniestrado despegó con los flaps replegados y falló el sistema encargado de advertir a la tripulación,
El informe considera que en la operación de despegue se "rebasaron" tres barreras de seguridad: la lista de comprobación para configurar el avión, las listas de comprobación para confirmar y verificar la configuración y el TOWS (sistema de advertencia de configuración), que no advirtió de la configuración errónea de despegue.
La Comisión señala en su análisis que esa configuración era "inapropiada para esa fase de vuelo" y que "lo más probable es que esos dispositivos no fueran extendidos por la tripulación para el despegue".
El juez ha ordenado también crear una comisión de investigación independiente -integrada por dos pilotos, dos mecánicos, dos ingenieros superiores aeronáuticos y dos ingenieros técnicos aeronáuticos, además de un suplente por cada una de las cuatro categorías- que tiene como misión esclarecer la causa o causas del siniestro.
Desde que el magistrado, que se encontraba de guardia el día de la catástrofe, se hizo cargo de la investigación del que fue el peor accidente aéreo ocurrido en España desde 1985, ha tomado declaración, además de a los dos imputados, a distintos testigos presenciales del siniestro o relacionados con el mismo de forma indirecta.
Entre esos testimonios, el juez Pérez ha escuchado las declaraciones de varios trabajadores de Newco (filial de Spanair que se encarga del servicio de asistencia en tierra), de los controladores aéreos que trabajaron ese 20 de agosto o de los empleados encargados del mantenimiento de las pistas del aeropuerto o del suministro de combustible.
También ha interrogado a los miembros de los servicios de emergencias que intervinieron en las labores de rescate, así como al presidente del sindicato de pilotos (SEPLA), José María Vázquez, y al director de Barajas, que reconoció que se está estudiando modificar los protocolos de seguridad del aeropuerto.
Además, el magistrado ha tomado declaración a los seis supervivientes del siniestro, y una de ellos, Loreto Mercedes G., ha atribuido el accidente a un "compendio de responsabilidades de muchas personas y entidades", y a las "presiones" por parte de Spanair para que el vuelo no se retrasara más, ya que se había abortado un primer despegue.
De cualquier modo, un año después de la tragedia, el proceso judicial aún parece estar muy lejos de terminar.
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