Santander.- La asesora técnica e institucional de la Fundación Instituto Gerontológico MATÍA, Mayte Sancho, ha abogado hoy por coordinar las políticas de vivienda y las sociales con el objetivo de desarrollar una gama "más amplia y diversa" de soluciones para las personas dependientes.
Como ejemplo, Sancho, quien ha participado en el encuentro "Género, envejecimiento y autonomía personal", que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, ha señalado que estas personas puedan estar en residencias "cerca de su núcleo familiar más importante".
La experta ha señalado que este cambio en el modelo residencial que, ha añadido, ya está implantado en los países nórdicos, permitiría que la familia juegue "el mismo papel de apoyo emocional que tiene cuando el dependiente vive en el hogar y para que no intervenga como un mero visitante".
"En España tenemos una percepción de soledad altísima", ha explicado la asesora, quien ha recordado que es el país con la "mayor tasa de longevidad", donde la posibilidad de ir en un futuro a una residencia "no gusta".
Sobre la figura del cuidador, Sancho ha señalado que en España el 84 por ciento de estos profesionales son mujeres, en su mayoría "en torno a los 53 años", algo que, según esta experta, no sucede en otros países del norte de Europa, donde "la actividad está más repartida entre los miembros de una familia".
La asesora ha hecho hincapié en que la sociedad española vive una "etapa de transición", que va "desde el cuidado en el ámbito de lo íntimo y privado hasta el de lo público y social", y que una vez superada "liberalizará de alguna manera a la mujer".
Y ha comentado que en la sociedad española el papel del cuidado de los familiares recae sobre las hijas y sus cónyuges, mientras que los nietos, en su opinión, "tienen un papel muy secundario, aunque deberían asumir un apoyo emocional más profundo".
Respecto a la Ley de Dependencia, ha indicado que España está en los inicios de "un cambio histórico" como es la aprobación de un "derecho subjetivo pleno" para los ciudadanos, aunque ha matizado que requerirá de "muchísimos años, mucha evaluación y la introducción de cambios en determinadas disfuncionalidades que siempre generan las leyes".
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