La ocupación de la Cañada Real Galiana, en el entorno próximo a Madrid, comenzó entorno a los años 50, cuando vecinos de Vicálvaro y Vallecas deslindaron parcelas en su interior con la intención de cultivarlas. Vecinos que no disponían de tierra utilizaban tierras que no tenían uso. Además de huertas, comenzaron a aparecer pequeñas construcciones de labor, que fueron transformándose en alojamientos provisionales. La enorme precariedad (sin saneamiento, agua ni electricidad) se fue convirtiendo en una situación estable.
Viviendas auto construidas con materiales reciclados (entonces de desecho) alejadas de una ciudad en crecimiento, pero sobre suelo disponible. Era imposible obtener energía eléctrica o agua, a no ser que algún hábil pinchara en los tendidos de las vías de entrada y las canalizaciones dirigidas a la ciudad. Desde entonces y hasta que la suministradora se percatara y fuese a reparar la 'avería', los ocupantes disponían de luz y agua. No estaba permitido, pero tampoco excesivamente perseguido. Por supuesto no había papeles. Algunos vecinos, a saber cómo, consiguieron pagar contribución por su 'propiedad', o IBI, obtuvieron alguna documentación, pero son los menos.
La visión del Jefe del Estado como dueño del dominio público produjo que en una actitud proteccionista no sólo se permitiera la ocupación sino que incluso se realizaran concesiones (que no venta, por lo inalienable del dominio público) para la construcción de viviendas destinadas a familias sin mejores recursos. Parece que perdura la visión de la Administración como propietaria del dominio público.
Como decíamos, con el paso del tiempo la Cañada Real se consolida en su provisionalidad, sin ley de propiedad y cada día con más pobladores. Mientras la sociedad transitó hacia la democracia, en esta franja de terreno los administradores no se decidieron a actuar para hacer cumplir la ley. Probablemente porque la sola ocupación ya era un incumplimiento y no vieron ningún sentido a perder el tiempo en tratar de imponer 'normas menores'. Hubo chabolas reconvertidas en ostentosas viviendas, enormes piscinas, junto a zonas extraordinariamente pobres, propietarios de varias viviendas, triunfaron empresarios de una hostelería más que sospechosa (maravillas de la iniciativa privada).
Los pequeños delitos dieron paso a otros mayores, apareció la droga, y el hacinamiento dio paso a graves problemas de salubridad. Hace mucho tiempo que obviamos el expolio cometido contra el dominio público del suelo. Ahora el problema es otro. Y a nadie parece importar. Resulta espeluznante el relato dirigido en carta abierta al alcalde de Madrid por un voluntario de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada. Escrita desde la desesperación es una llamada de auxilio. Esta situación lleva mucho tiempo pudriéndose ante la desidia de los administradores de las Administraciones implicadas, y ni siquiera la apuesta de la ciudad como sede olímpica hizo que estos administradores actuaran, aunque sólo fuese para lavar la imagen.
Recientemente la policía ha dado la voz de alarma tras investigar entre los pobladores de la Cañada, un foco de integristas musulmanes del que sospechan podría surgir una célula terrorista. Las Administraciones, que durante años no pudieron hacer nada, han llegado rápidamente a un acuerdo para desalojar la Cañada. Si consiguieran hacerlo solucionando además los problemas sociales que puedan tener cada una de sus moradores, habría que hablar de un milagro.
Tomada la decisión por las Administraciones afectadas de poner fin a la situación de la Cañada Real Galiana, tenemos el problema ahora de cómo hacerlo. Si deciden desalojar a esta familias, será necesario encontrar dónde alojarlas. Según las declaraciones del alcalde de Madrid, los ocupantes de la Cañada Real no tienen ningún derecho sobre el suelo porque es de 'dominio público', y añade que tendrán derecho a vivienda gracias a la solidaridad de los madrileños. Jurídicamente supongo que esta rotundidad debe estar muy bien respaldada. Pero ¿tienen derecho a la propiedad privada de una vivienda? O a un alquiler en una vivienda municipal. ¿Para sancionar su ocupación debemos pagarles una vivienda?
Según explica en su página web el Ayuntamiento de Madrid: "Para poner fin a esta problemática, el acuerdo alcanzado se sustenta sobre el siguiente modelo: desafectación de los terrenos, acuerdo social y ordenación urbanística, con carácter previo a la enajenación, cesión, permuta o cualquier otro negocio jurídico".
Evidentemente será necesario un acuerdo social, o al menos una persecución del delito. Probablemente también sea necesaria la ordenación urbanística del suelo. Pero la desafectación de unos terrenos de dominio público no es precisa más que para que dejen de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables y comiencen a ser interesantes. Pasarán a ser un patrimonio, pero no de la Comunidad de Madrid sino de su Administración, que podrá calificarlo, venderlo y obtener dineros que gastar. Lo que intentaría (si no lo detienen) cualquier insensato con una propiedad que acaba de heredar. Y no pasa nada, porque nuestros administradores parecen pensar que los bienes de todos, no son de nadie.
Pero además de la desafectación, el desalojo y el desarrollo urbano de la Cañada como si de una propiedad privada se tratara, existen al menos otras tres posibilidades que no deberíamos descartar:
Es la posibilidad buscada y defendida por los pobladores de la Cañada. Advierten que no quieren vivir allí por la cara, pretenden comprar el suelo sobre el que se asientan sus viviendas. Esta posibilidad era hasta ahora inviable por tratarse, tal como advertía el alcalde, de un dominio público. Pero cuando sea enajenable, podría venderse a los particulares, tanto para construir nuevas edificaciones como para mantener las existentes.
Contra esta posibilidad se esgrime por un lado el efecto llamada que esta solución supondrá sobre más población sin recursos y por otro el desequilibrio que supondría en el mercado de suelo privado la aparición de estas nuevas superficies. Además del mal ejemplo social que supone premiar con un título de propiedad una acción delictiva como se define la ocupación.
Sin embargo hay también argumentos a su favor. Es la solución propuesta por Hernando de Soto para facilitar el acceso al mercado (en el que supone libertad, seguridad e iniciativa privada) de la población marginada. El presidente Lula da Silva ha utilizado este sistema facilitando títulos de propiedad a los habitantes de las favelas de Rio de Janeiro. Según defiende Hernando de Soto los pobres son propietarios de hecho de un enorme patrimonio del que no pueden beneficiarse por no tener títulos de propiedad. Se trata de una posibilidad aún no contrastada pero no por ello descartable. Planea la incógnita de si utilizando este sistema en los terrenos del Amazonas, una multinacional se haría con ellos en ¿años o meses?
Es una posibilidad defendida entre otros por grupos ecologistas. Mediante la aplicación del Código Penal y de la ley de Vías Pecuarias, la sociedad podría utilizar mano dura con las personas con recursos económicos que ocupan el dominio público y aplicar medidas de acompañamiento e integración social y ayudas para el realojo de los ocupantes necesitados. De esta forma se consigue el desalojo de los ocupantes de la Cañada para bien reforestarlo o bien mantenerlo como pasillo ecológico de comunicación natural y de migración de especies.
Evidentemente una reforestación de una vía pecuaria no es una rehabilitación sino una modificación del medio tan importante como lo es la edificación. Por otro lado, un pasillo ecológico que esté habitualmente utilizado por los habitantes de las ciudades y se encuentre cortado por carreteras, pantanos o calles, no facilita en absoluto la migración de ninguna especie. Sin embargo, mantiene un recuerdo histórico y una presencia de la naturaleza (si no compite con las zonas verdes) en la ciudad que podría ser interesante.
Por último cabría la posibilidad de mantener la Cañada Real como dominio público, considerándolo un lugar de asistencia social. Tratar esta franja de tierra como lo que es hasta ahora, un lugar precario que no debería ser. Un lugar de apoyo provisional a supervivientes. Aplicar esfuerzos en hacer cumplir la ley y perseguir los delitos creando también una red de ayuda social para que sus ocupantes quieran y puedan salir de la Cañada e integrarse en la vida de la ciudad.
Tiene cierto sentido (o humor negro), que la población marginada o la inmigrante que aún no se ha conseguido incorporar, aguarde y no se esconda precisamente en una vía de migración, en un margen sin propietario.
Para saber más:
* Luis de la Cuadra es arquitecto y miembro del estudio IN-fact arquitectura.
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