Santiago de Compostela.- La Xunta anulará hoy el concurso eólico, el de mayor envergadura de la anterior legislatura del Gobierno de coalición, y ha anunciado una ley que resolverá todo los vinculado a esta energía, que impedirá la participación pública en los parques, pero creará un canon por los aerogeneradores.
El conselleiro de Economía, Javier Guerra, y el responsable de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, explicaron en rueda de prensa que la decisión de revocar el concurso por el que se adjudicaron provisionalmente 2.3000 megavatios se tomó porque, según informes jurídicos, el proceso presenta "tachas graves de legalidad".
Por ello, apuntó Guerra, sería una "grave irregularidad" mantener el proceso anterior, ante lo que el Gobierno gallego trata de otorgar seguridad jurídica a la adjudicación de megavatios, dijo.
Guerra informará hoy al Consello semanal del Gobierno de un anteproyecto que regulará el aprovechamiento eólico en Galicia que creará un canon eólico y un fondo de compensación ambiental, dirigido a los ayuntamientos en los que están implantados los aerogeneradores.
El concurso eólico fue resuelto el pasado 26 de diciembre, en que se repartieron entre 29 grupos empresariales 2.290 megavatios, de los que cerca del 14 por ciento quedaba en manos públicas. En este proceso se habían generado roces entre los dos socios de Gobierno, socialistas y nacionalistas, mientras el PP prometió en campaña que anularía el proceso.
Según explicó Ángel Bernardo Tahoces, el informe de la asesoría jurídica de la Xunta observa que el decreto que convocó el concurso contiene una "tacha de legalidad directa e infranqueable" respecto a la participación pública de la Xunta en las eólicas, porque vulnera un artículo de la Constitución que proclama la libertad de empresa.
También conculca, dijo, la ley del sector eléctrico, ya que está liberalizado, por lo que es incompatible su presencia en el sector público, mientras también se conculca una norma según la cual se estipula que para la participación de capital público de las empresas el acuerdo debe pasar por el Consello de la Xunta, apuntó Tahoces.
Otra vulneración de este decreto, señaló el responsable de Industria, se refiere a la inseguridad jurídica que crea, ya que no exige garantía de ejecución de los proyectos ni establece plazos. Por todos estos motivos, los responsables de la Xunta insistieron en que tenían que anular el concurso, porque en caso contrario "tramitaría a sabiendas un procedimiento ilegal".
El anteproyecto de ley que verá hoy el Consello crea un canon eólico que tendrá "naturaleza ambiental" y no fiscal, y que servirá el establecimiento de un fondo para los ayuntamientos en que haya parques instalados y que, entre otros fines, tendrá el de promover energías alternativas como el aprovechamiento de biomasa o generación de plantas energéticas en el campo.
De acuerdo con las cifras aportadas por el responsable de Industria, se prevé recaudar con el canon eólico unos 600 millones de euros en 20 años, cuando el anterior Gobierno había estimado unos 270 mediante la participación pública en los parques.
Además, el conselleiro y Tahoces explicaron que el proyecto legislativo recogerá un nuevo procedimiento para la adjudicación de parques que añadirá mayor transparencia y las obligaciones contraídas por quienes explotan la energía eólica, y mientras, igualmente, regulará la transmisión de parques.
Según los responsables de la Xunta, la decisión no supondrá retraso en la puesta en funcionamiento de los proyectos industriales. Así, calcularon que la ley se tramitará de urgencia en septiembre, previa consulta con todo el sector, con lo que esperan que a finales de año estará aprobado y a en el segundo semestre habrán aprobado las aprobado las autorizaciones administrativas.
Preguntado por si cree que las empresas inicialmente beneficiadas pueden litigar ante la decisión de anular el proceso, Tahoces insistió en que cualquier acto administrativo está sujeto a recurso pero apuntó que las medidas que se tomarán contribuirán a "pacificar el sector".
A este respecto, Javier Guerra insistió en que las empresas conscientes de la "tacha de ilegalidad" del concurso; que hay tres recursos presentados y que la situación es de inseguridad jurídica y, finalmente, señaló que, si en unos años la justicia "tumba" el proceso, se generaría unas responsabilidades económicas "incalculables" para la Xunta.
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