Caracas.- La Asamblea Nacional (AN, unicameral) de Venezuela aclaró hoy que la Fiscalía carece de poderes legislativos, con lo cual quedó en suspenso la llamada "Ley de Delitos Mediáticos" que su titular, Luisa Ortega, propuso la semana pasada.
La Fiscalía "no tiene iniciativas legislativas" y por esa razón "no se ha aprobado" que la norma propuesta por su titular sea discutida por el plenario, dijo el secretario de la AN, Iván Zerpa.
En llamadas telefónicas a varios medios de prensa, Zerpa dijo que actuaba debido a que éstos informaban a sus audiencias de que los diputados comenzarían hoy a debatir la norma de la fiscal.
Según el borrador del proyecto, constituye "delito mediático" la difusión o publicación de lo que el Gobierno defina como "falso", "manipulado" o "tergiversado" y que cause "perjuicio a los intereses del Estado" o atente contra la "moral pública" o la "salud mental".
Tal "delito" será castigado con entre dos y cuatro años de prisión, según la propuesta que Ortega presentó el pasado jueves ante el pleno de la AN, de mayoría afín al presidente Hugo Chávez.
La fiscal remarcó que así debe hacerse frente a "nuevas formas de criminalidad surgidas como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión".
Un día después, el Gobierno de Chávez, a través del ministro de Obras Públicas y Vivienda, y también titular del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, expresó su apoyo al proyecto, en medio de un generalizado rechazo de gremios de periodistas y editores, así como de líderes opositores.
"Es agradable que después de tanto tiempo, por la vía de una ley, se pueda hacer esto" en la lucha contra el "envenenamiento" de una sociedad donde la libertad de expresión no debe ser "la libertad más sagrada", dijo Cabello el pasado viernes.
"El país reclama" que la libertad de expresión "sea regulada", agregó y remarcó que los funcionarios del Gobierno "estuviéramos preocupados" si los gremios y la oposición partidista, que "saben que enferman" a través de los medios de comunicación, "estuvieran aplaudiendo" la iniciativa de la Fiscalía, así como su propia decisión de sacar del aire a tres decenas de emisoras.
El ministro concretó su decisión el pasado fin de semana, al ordenar la salida del aire de 32 emisoras de radio y dos canales regionales de televisión por incumplimiento de requisitos tales como "fallecimiento del titular, vencimiento de la concesión, falta de renovación del permiso o declaración de improcedencia de uso".
"El cerco contra emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos y la criminalización de la disidencia política" son formas del "ataque" del Gobierno contra la sociedad, dijo al respecto el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
Adicionalmente, Teodoro Petkoff, editor del diario capitalino Tal Cual, asimismo crítico de la gestión de Chávez, consideró que el texto de la Fiscalía es la propuesta "legal más salvaje y brutal que ha sido conocida por el país en su historia contemporánea" y que no logra esconder "una inspiración hitleriana".
Sobre lo actuado por Cabello, Petkoff atribuyó en su editorial del lunes a razones supuestamente políticas la salida del aire de las emisoras, entre ellas cinco de la cadena CNB.
"La razón verdadera para el cierre del ese circuito", escribió, es el hecho de que "retransmitía, todas las tardes, el programa 'Aló Ciudadano'" de la cadena privada Globovisión, asimismo amenazada de cierre por el Gobierno.
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