Miami (EE.UU.).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto a dos organizaciones de medios de comunicación de Colombia pidieron hoy a un tribunal de ese país que deje sin efecto la orden de arresto y la multa contra el director de la revista Cambio, Rodrigo Pardo García-Peña.
La SIP, la Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) consideraron en un comunicado que la medida constituye una modalidad de censura prohibida por la Constitución de Colombia y viola la libertad de información.
Una juez de Bogotá analizó 11 afirmaciones contenidas en el artículo "El contacto de Sale", publicado por la revista Cambio en 2008, sobre informaciones y opiniones en las que se menciona al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo y al ciudadano Giorgio Sale.
De las 11 frases analizadas, la juez consideró que solo dos de ellas contenían imprecisiones y debían ser rectificadas, explicaron las organizaciones.
La publicación realizó la correspondiente rectificación, cumpliendo con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional y reiterados por el Tribunal Superior de Bogotá, al dictar el fallo de segunda instancia.
No obstante, la juez atendiendo la solicitud formulada por el magistrado Escobar Araújo, ordenó el desacato, aduciendo que la rectificación carecía del reconocimiento expreso del error.
En opinión de Andiarios, Asomedios y la SIP este argumento es "incomprensible si se toma en cuenta que toda rectificación lleva implícito el reconocimiento de un error".
"Privar de la libertad a un periodista bajo un argumento tan insignificante constituye una afrenta de proporcionales incalculables y crea un grave precedente contra la actividad periodística", subrayaron.
Consideraron que la tutela es una herramienta indispensable para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y creen que, si bien es deber de todos respetar los fallos judiciales, estos deben realizarse bajo "los más estrictos parámetros de equidad y de justicia".
De esa forma, puntualizaron, se evita para que la protección de unos derechos genere la vulneración de otros que, como "en el caso de la libertad de información, gozan de especial protección constitucional".
Las tres organizaciones de prensa recordaron que recientemente, frente a un desacato promovido también por el magistrado Escobar Araújo contra Alejandro Santos, director de la revista Semana, la Corte Constitucional lo dejó sin sustento al considerar que la rectificación se había hecho correctamente.
"Resulta nefasto para la libertad de prensa que se dicte una orden de arresto contra un periodista que ha actuado en derecho, atendiendo para la rectificación los parámetros establecidos por la Corte Constitucional; más aún cuando se trata de informaciones orientadas a ejercer la función fiscalizadora de los medios, frente a actuaciones de funcionarios judiciales", señalaron.
Las organizaciones dijeron que con frecuencia los funcionarios públicos utilizan las acciones judiciales contra medios y periodistas para restringir la libertad de información, por lo cual los jueces en estos procesos deben actuar con el máximo rigor.
"En este caso y en otros promovidos por el magistrado Escobar Araújo preocupa la dificultad que entraña para un juez pronunciarse en contra de quien, en su condición de miembro del Consejo Superior de la Judicatura, tiene la posibilidad de influir en diversos aspectos de su cargo y funciones", apuntaron.
Expresaron confianza en que en la revisión del incidente de desacato el Tribunal Superior de Bogotá hará un "examen equilibrado en el que prevalezca la libertad de expresión e información, dado que ya la revista hizo las rectificaciones que el juez le ordenó y cumplió al hacerlo con lo establecido en el propio fallo de apelación del Tribunal".
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