Valencia.- El Gobierno valenciano ha aprobado hoy el decreto que regula las actuaciones en materia de certificación energética de edificios, un certificado que tendrá una duración máxima de diez años y será obligatorio para la obtención de la primera licencia de ocupación.
Así lo ha asegurado el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, en el que han sido aprobados cincuenta acuerdos, seis decretos y un anteproyecto de Ley.
Según Rambla, la Unión Europea establece la obligación de proporcionar a los compradores o inquilinos de un edificio el certificado de eficiencia energética del mismo para que puedan comparar y evaluar estos aspectos.
El órgano competente para el seguimiento de la eficiencia energética de los edificios es la Agencia Valenciana de Energía, que realizará los trámites y registro de la certificación, el seguimiento de los expedientes y la relación agentes de edificación intervinientes, y decidirá sobre el conjunto de edificios en los que habrá de realizarse un control externo de la certificación.
También se crea el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, que tendrá carácter público e informativo y acceso electrónico, y en el que se inscribirán los Certificados correspondientes a la eficiencia energética del proyecto y del edificio terminado.
El Certificado que acredite la eficiencia energética del edificio terminado será obligatorio para la obtención de la primera licencia de ocupación en el caso de las viviendas, y de la licencia de apertura, cuando se trate de edificios del sector terciario.
Rambla ha destacado que se ha creado la Comisión Asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios, que velará por el mantenimiento y la actualización del procedimiento de certificación energética de edificios.
El Pleno del Consell también ha aprobado la ratificación del protocolo subscrito con el Ministerio de Fomento para promover la transferencia y el acondicionamiento y modernización integral de la línea de ferrocarril Xàtiva-Alcoi.
Esa línea tiene actualmente unos 100.000 usuarios y con su modernización podrá llegar a los 330.000 viajeros, que verán acortados los tiempos de recorrido.
La modernización integral de la línea Xátiva-Alcoi supondrá una inversión de algo más de sesenta millones de euros, y cuando sea ejecutadas las obras será trasferida a la Generalitat Valenciana.
Además, el Consell ha ratificado el acuerdo suscrito el pasado 14 de julio que otorga al Ministerio de Fomento la titularidad de la autovía entre Vilanova de Alcolea y La Jana, en la provincia de Castellón, en los que se denomina "la autovía de La Plana".
El acuerdo permitirá que la autovía de la Plana, que tendrá una longitud de 125 kilómetros cuando esté totalmente construida, "se alargue y llegue hasta el límite de la provincia de Castellón con la provincia de Tarragona".
También conformará una potente alternativa interior al descongestionado corredor costero constituido por la N-340 y la autopista AP-7, y se convertirá en una pieza fundamental para el auge económico y turístico experimentado en la provincia de Castellón.
El Gobierno valenciano también ha aprobado la contratación de señalización, comunicación y sistemas de ayuda en toda la línea 2 del tranvía de Alicante, cuyas obras están en ejecución, por un presupuesto de 17 millones de euros.
El portavoz del Consell ha destacado que con esta aportación se da un "impulso definitivo" a esta "importante infraestructura", que va desde la Avenida de Denia a la Universidad de San Vicente del Raspeig de esa ciudad.
Además, se ha aprobado la concesión de subvenciones del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria (IMPIVA) a la Red de Institutos Tecnológicos (REDIT), por algo más de 41 millones de euros, para la creación de infraestructuras para actividades de I+D y fomento de la innovación y al suministro de equipamiento para la prestación de servicios avanzados.
Asimismo, destinará 700.000 euros al Consejo de Cámaras Oficiales de la Comunitat para la promoción del comercio valenciano, y otros 450.000 euros, a la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunitat Valenciana (COVACO) para impulsar el comercio minorista.
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