Sevilla.- El PP ha acusado hoy al Gobierno andaluz de hacer una "interpretación torticera" de la Ley de Incompatibilidades para archivar la denuncia contra el presidente andaluz, Manuel Chaves, por la ayuda de más de 10 millones de euros concedida por la Junta a la empresa Matsa, donde trabaja su hija.
En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha lamentado que su partido no haya recibido aún la notificación del archivo, por parte de la Junta, y ha anunciado que una vez que se la notifiquen su partido acudirá a la vía contencioso-administrativa y seguir de esta forma con el procedimiento fijado.
El Gobierno andaluz acordó el pasado 21 de julio no incoar expediente sancionador y archivar las actuaciones previas a que han dado lugar los escritos presentados por el sindicato Manos Limpias y por el PP sobre la subvención a la empresa Matsa.
El acuerdo se adoptó a propuesta de la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, motivado por el informe de la Inspección General de Servicios, que no aprecia indicios de infracción contra el artículo 7 la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta.
El 22 de junio, el PP presentó ante el Consejo de Gobierno una denuncia que pedía que se iniciara un procedimiento sancionador contra el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, al considerar que incumplió la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
"Parece mentira que la notificación la tenga todo el mundo menos la parte denunciante", ha señalado el dirigente del PP, quien ha añadido que lo que conoce su partido de los argumentos esgrimidos por la Junta para archivar la denuncia pone de manifiesto que lo único que ha querido el Gobierno andaluz es "exculpar" a Chaves.
En su opinión, la Junta solo ha pretendido crear un "vacío de contenido" en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, con una "interpretación torticera como parte interesada", ya que propone que los altos cargos de la administración autonómica "tengan patente de corso" a la hora de conceder subvenciones.
Sanz ha acusado al Gobierno andaluz de interpretado una "ley inexistente" puesto que considera que la administración andaluza no tiene por qué saber que la hija de Chaves era la apoderada de la empresa Matsa, cuando la norma que debe tener en cuenta es la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
Esta normativa, según el dirigente del PP, sí recoge que es una obligación del alto cargo, en este caso Manuel Chaves, tener conocimiento de que su hija formaba parte de la empresa, por lo que tuvo que ser él quien se "abstuviera" de firmar el decreto por el que el Consejo de Gobierno concedió la subvención.
De la misma forma, el PP cree "flagrante" el hecho de que en el informe el Consejo de Gobierno se diga que el Ejecutivo no conoció el apoderamiento de Paula Chaves hasta tres días después de que se le concediera la ayuda a Matsa cuando "al mismo tiempo se reconoce" que se contactó con ella el día 12 de febrero, siete días antes de la decisión del Consejo de Gobierno.
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