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El Gobierno de Ecuador entrega a la Fiscalía un supuesto diario de "Raúl Reyes"

EFE
Actualizado 29-07-2009 23:55 CET

Quito.-  El Gobierno de Ecuador anunció hoy que entregó a la Fiscalía un documento que llegó a sus manos y que, presumiblemente, formaría parte del diario de alias "Raúl Reyes", portavoz internacional de las FARC muerto en el bombardeo de Angostura, el pasado 1 de marzo de 2008.

En una rueda de prensa, el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Jalkh, y el canciller, Fander Falconí, explicaron que no atribuyen "ni veracidad ni falsedad" al documento, pero que lo trasladan a la "autoridad competente" para ofrecer "total transparencia" y tomar las "medidas jurídicas correspondientes".

En el diario, que también ha sido remitido a la Organización de Estados Americanos (OEA), aparecen referencias al ex ministro ecuatoriano Gustavo Larrea, y al ex subsecretario de Gobierno, José Ignacio Chauvín.

La cancillería distribuyó, tras el encuentro, una copia del documento que llegó al Gobierno, un conjunto de páginas manuscritas, parte del supuesto diario de "Reyes" hasta el 23 de febrero de 2008.

Según Jalkh, en él se "involucra algunos hechos relacionados con ex funcionarios del Gobierno, hechos que están judicializados en Ecuador sobre temas de narcotráfico" y se menciona que ambos ex cargos "habrían actuado, de alguna manera como emisarios" del Gobierno ante las FARC, señaló Jalkh.

"El presidente, (Rafael Correa) no ha enviado ningún tipo de emisario y de ninguna manera a tenido conocimientos de ninguno de los hechos que ahí se relatan", dijo Jalkh, al señalar que lo que se pretende es "analizar el documento en su veracidad (...) si es atribuible a 'Raúl Reyes' y si lo dicho ahí" es verdad.

Sin embargo, en el documento difundido se cita que "el ministro Larrea insiste en nuevas reuniones", y en otra parte, que "su correo, Nacho Chauvin prometió absoluta discreción en la carnetización de mis hombres como refugiados".

También se mencionan al coronel retirado Jorge Brito, al que desde Colombia se le ha acusado de recibir dinero de la guerrilla, y a un tal "doctor Ayala", que no identifica más.

En una parte del documento, fechado el 15 de enero de 2008, se afirma: "definitivamente tengo la certeza de que el Gobierno de Correa nos ha traicionado".

Habla otra vez del coronel Brito y del doctor Ayala que "solo nos utilizaron para armar su cartel" de la droga con ayuda de algunos comandantes que no menciona y asegura que "el ministro Gustavo Larrea es otro traidor".

En esa misma fecha también menciona que "Nacho Chauvin es otro farsante, nos ha fallado y solo se dedica al negocio de la merca (droga) con los Ostaiza", tres hermanos acusados en el caso "Huracán de la Frontera", una red de narcotráfico que supuestamente trabajaba con droga proporcionada por las FARC.

Jalkh afirmó que "el Gobierno no podía guardarse un documento de esta naturaleza, y lo que demuestra es un profundo compromiso con la verdad, con la justicia y con el derecho que tenemos todos a estar debidamente informados y sobre todo seriamente informados", añadió.

Por su parte, el canciller, señaló que el Ejecutivo está "empeñado en la búsqueda de la verdad y (de) que todos los sucesos relacionados con el infame ataque que sufrió nuestro territorio el año pasado" sean aclarados.

El 1 de marzo de 2008 el Ejército colombiano bombardeó un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), radicado en el enclave ecuatoriano de Angostura.

Esa operación, en la que murieron 26 personas, entre ellas el portavoz internacional y número dos de la guerrilla, alias "Raúl Reyes" a quien pertenecería el supuesto diario, provocó la ruptura de las relaciones entre ambos países.

Según Falconí, Ecuador no quiere "caer en estos juegos de inteligencia y contra inteligencia, en este mar de documentos apócrifos" y apuntó: "queremos que haya una información seria que sea conducida por la Fiscalía General del Estado".

Asimismo, Jalkh explicó que el documento llegó a las autoridades de inteligencia y seguridad el pasado lunes y que no podía quedar "en poder del Gobierno, se ha considerado fundamental que sea conocido por la instancia judicial" y que sea ella la que "verifique la veracidad del documento".

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