Tegucigalpa.- El nuevo Gobierno de Honduras minimizó hoy la decisión de Estados Unidos de suspender los visados diplomáticos a algunos de sus funcionarios como reacción al golpe de Estado contra Manuel Zelaya, mientras éste sigue en la frontera nicaragüense organizando una "resistencia" para regresar al país.
"Que nadie se debilite por eso, que nadie empiece a pensar que el mundo se está hundiendo", dijo sobre la medida de Washington el ministro de la Presidencia, Rafael Pineda, quien aseguró que "una visa diplomática no vale la dignidad de la nación" y que "igual se puede viajar" a Estados Unidos como turista.
"Todas las actividades se han reanudado normalmente y el Gobierno está funcionando a plenitud", sostuvo Pineda para restar importancia de la sanción.
Ya ayer martes, el presidente interino, Roberto Micheletti, nombrado por el Congreso en lugar de Zelaya después de que éste fuera expulsado del país por el Ejército, el pasado 28 de junio, apenas concedió relevancia a la medida, al asegurar que a él no le afecta, porque tiene un pasaporte "común y corriente".
También el ex canciller hondureño Guillermo Pérez-Cadalso opinó que la suspensión de los visados diplomáticos "no debe asustar a nadie" y que es "una manera hasta tenue de aplicar algún tipo de sanciones", ya que los afectados no pueden entrar a Estados Unidos como funcionarios, "pero como ciudadanos sí".
Igualmente, el bando "zelayista" consideró la medida insuficiente como para asustar al Gobierno de facto.
Zelaya, desde el municipio nicaragüense de Ocotal, cercano a la frontera con Honduras, consideró que la decisión de Washington es una "señal y un gesto de que no acepta los golpes de Estado", pero pidió acciones más contundentes contra los golpistas, en concreto, embargarles las cuentas en Estados Unidos.
Mientras, en Tegucigalpa, el diputado Marvin Ponce, de Unificación Democrática (UD), un pequeño partido de izquierda que apoya a Zelaya, aseguró que "son medidas tibias".
Ponce, dirigente del Frente de Resistencia contra el Golpe, también reclamó represalias "más contundentes" desde Estados Unidos, como una suspensión del comercio con Honduras en el marco del Tratado de Libre Comercio que Washington tiene firmado con Centroamérica.
El legislador participó hoy en una manifestación en la capital contra el golpe de Estado, a la que acudieron apenas alrededor de 500 personas y que marchó hasta un centro comercial, que tuvo que cerrar sus puertas ante la llegada de los manifestantes.
Ponce adelantó que a partir de la semana que viene darán por agotada la vía diplomática para lograr la restitución de Zelaya en su cargo y se plantearán "otro tipo de mecanismos, de golpes a los grupos económicos", como la toma de puertos, aeropuertos y otras infraestructuras.
En la zona fronteriza con Nicaragua, el protagonismo lo ha asumido la esposa del mandatario depuesto, Xiomara Castro, que ayer renunció a reunirse con su marido, pese a que una orden judicial le permitía pasar al otro lado de la frontera con parte de su familia, ante la falta de garantías de que pudiese luego regresar y la negativa a que la acompañara un séquito de unas 1.000 personas.
Castro denunció hoy, en declaraciones a la Televisión Estatal de Venezuela (VTV), una supuesta intimidación por parte de civiles y policías afectos a los "golpistas", con disparos esta madrugada contra el hotel donde se alojaba en la localidad de El Paraíso.
Además, representantes de las empresas privadas del área le solicitaron abandonar la ciudad por el perjuicio económico que están sufriendo por el toque de queda que rige en varios municipios fronterizos desde el viernes.
Por otro lado, el Acuerdo de San José, propuesto por el presidente costarricense, Óscar Arias, para solucionar la crisis política en Honduras, sufrió un revés en el Tribunal Supremo Electoral hondureño, que declaró inconstitucional el punto referente al adelanto de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
No obstante, una decisión sobre el cambio de fecha de los comicios depende del Congreso, que además debe pronunciarse sobre otras propuestas del plan, como una amnistía de delitos políticos, cuya respuesta se espera para mañana.
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