Buenos Aires.- La escasa disposición a la búsqueda de consensos y la falta de avances marcan el inicio del proceso de diálogo que el Gobierno argentino abrió con la oposición tras su derrota en las elecciones legislativas del pasado junio.
Si bien consideraron que con el llamamiento al debate el oficialismo acusó recibo del mensaje de las urnas, analistas consultados por Efe advirtieron que tanto en el Ejecutivo como en algunos sectores opositores persiste una cierta resistencia a hallar al menos unos mínimos entendimientos.
Al cabo de dos semanas de reuniones enmarcadas en el diálogo político, el Gobierno tampoco ha terminado de dar forma al Consejo Económico y Social que se propone crear en busca de consensos con empresas y sindicatos.
Para el analista Rosendo Fraga, "el oficialismo ha recuperado la iniciativa política con el diálogo" y "ha ido ampliando la agenda para que no fracase", aunque "la mayoría de quienes participan se muestran escépticos respecto a su resultado".
La presidenta del país, Cristina Fernández, llamó a "todos los sectores" al diálogo diez días después de los comicios del 28 de junio, en los que el peronismo gobernante sufrió un revés que le hará perder la mayoría propia en el Parlamento.
En principio, la convocatoria abarcó a los 50 partidos con representación parlamentaria para poner en marcha una amplia reforma del sistema electoral, pero ante los reclamos de las principales fuerzas de la oposición el Ejecutivo debió ampliar la agenda a otros temas.
"Así planteado, el diálogo aparece como un ámbito de tensión y puja por instalar una agenda en donde se verán con el tiempo las intenciones de Gobierno y oposición y su cintura para la negociación", señala la local Fundación Esperanza en su análisis político correspondiente a julio.
Antes del inicio de la ronda de conversaciones, el empresario Francisco De Narváez, uno de los grandes ganadores de las últimas elecciones, aseguró que el llamamiento del Gobierno es "tomarle el pelo a la gente" cuando el país sufre inflación y contracción económica al calor de la crisis global.
No obstante, el candidato que en los comicios legislativos venció al ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Fernández, luego se sumó al diálogo junto a sus aliados de Unión-Pro, coalición que reúne a conservadores y peronistas disidentes.
Por el contrario, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, directamente desistió de acudir a las reuniones con el Ejecutivo para disgusto del resto de los dirigentes del centrista Acuerdo Cívico y Social, que fueron los primeros en responder a la convocatoria oficial.
En una columna publicada en el diario La Nación, el analista Fernando Laborda indicó a su vez que "al cumplirse un mes de la derrota electoral del oficialismo, el Gobierno sigue haciendo como que dialoga, pero insiste en resistirse a cambiar".
Laborda mencionó la negativa de las autoridades ante los planteos opositores para reformar el cuestionado Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de designar, controlar y destituir a los jueces.
La oposición también propuso, hasta ahora sin éxito, discutir la anulación de la ley que permite al Ejecutivo cambiar el destino de fondos del Presupuesto y cambios en el Instituto de Estadística y Censos, acusado de manipular la inflación y otras cifras.
Otra cuestión que genera discrepancias que pueden complicar el avance del diálogo, que continuará en los próximos días, son los llamados "superpoderes" que vencen el próximo agosto y permiten al Gobierno manejar fondos públicos sin autorización del Parlamento.
Fraga evaluó que mientras la elección de finales de junio "ha dado señales claras de que hacia (los comicios presidenciales de) 2011 la sociedad ha girado hacia el centro, buscando la moderación ideológica y política, el matrimonio Kirchner sigue dando señales de que no cambia y ello inevitablemente creará un conflicto político que puede afectar la gobernabilidad".
En tanto, las principales patronales agrarias del país aceptaron la invitación del Ejecutivo a un diálogo "sin prejuicios ni agendas previas" a partir del próximo viernes en momentos en que el campo lleva más de un año en pie de guerra por la presión del Fisco.
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