Madrid.- El pleno del Senado aprobará hoy, previsiblemente sin ningún cambio en el texto que llegó del Congreso, el proyecto de Ley de financiación de la Corporación RTVE, que pone fin a la publicidad en las dos cadenas del grupo.
De esta forma, TVE, a partir del mes de septiembre que entrará en vigor esta ley, se financiará, en parte, mediante un porcentaje del 3 por ciento sobre los ingresos de las televisiones estatales en abierto, del 1,5 por ciento de los operadores de televisión de pago y el 0,9 del mundo de las telecomunicaciones.
También recibirá un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico, los productos y rentas de su patrimonio y las aportaciones voluntarias, subvenciones, herencias, legados y donaciones.
El Mandato Marco, con una duración de nueve años, y el Contrato Programa, cada cuatro, completarán la dimensión económica de RTVE y sus límites en su crecimiento anual.
Los límites que marca la ley señalan que los ingresos recibidos por los tres sectores primeros sólo podrán ser destinados a financiar actividades de servicio público y no podrán servir para financiar contenidos de "gran valor comercial", según señala el texto de la ley.
Durante su trámite en el Congreso, el PSOE pacto y aceptó enmiendas de CiU y con los votos de ambos grupos se rechazó, tanto en el Congreso como en el Senado, las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por PNV, ERC-IU-ICV, BNG y UPyD.
El PP ha expuesto a lo largo de la tramitación parlamentaria su acuerdo a que la publicidad deje de financiar TVE, pero ha criticado la falta de consenso, la urgencia para su aprobación y que esta ley se haya presentado antes que la Ley General Audiovisual.
Las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas en el Congreso y los tres vetos presentados ayer en la Comisión Constitucional del Senado, han sido rechazados con los votos del PSOE y CiU y la abstención del PP, mientras que las enmiendas parciales han sido rechazadas por los dos primeros y la abstención del PP, excepto en sus propias enmiendas.
El principal argumento del grupo socialista es que, si con la ley que regula RTVE se ha conseguido la independencia política, con ésta se conseguirá la autonomía económica al no ser dependiente de la publicidad comercial.
La Corporación podrá obtener ingresos por los servicios que preste y, en general, por el ejercicio de sus actividades como la comercialización de sus contenidos, siempre que no provengan de la publicidad, de la televenta o de canales de acceso condicional o de pago.
No tendrán consideración de publicidad y no podrá cobrar por actividades como la autopromoción, la publicidad institucional de interés público o las campañas divulgativas de carácter social o de contenidos solidarios en beneficio de entidades sin fines de lucro.
Entre las obligaciones que marca esta ley, RTVE tendrá que dedicar al menos 10 horas semanales a dar acceso a grupos políticos, sindicales y sociales; retransmisiones de debates parlamentarios, debates electorales, programas infantiles y subtitulación del 90 por ciento de los programas antes de primeros de 2013.
También tendrá que dedicar anualmente al menos un 60 por ciento de contenidos elaborados en Europa como largometrajes, cortometrajes, documentales y animación.
Los productos de un mismo proveedor de contenidos no deben superar el 30 por ciento y se limita al 10 por ciento del presupuesto anual la adquisición de eventos deportivos de interés, con exclusión de los Juegos Olímpicos.
Otra limitación es que TVE no podrá emitir en el conjunto de sus canales más del 70 por ciento de películas de estreno de las grandes productoras internacionales.
A partir de la entrada en vigor de la ley, el próximo mes de septiembre, TVE no podrá ya emitir publicidad, aunque se respetarán los contratos suscritos para publicidad y televenta hasta finales de 2009, aunque no podrán ser prorrogados.
Para compensar la pérdida de ingresos por publicidad hasta el 31 de diciembre de 2009, el Estado incrementará las compensaciones por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, consignadas en los Presupuestos, hasta un máximo de 165 millones de euros.
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