Nueva Delhi.- El Tribunal Supremo de Pakistán convocó hoy al ex presidente del país Pervez Musharraf para responda por las consecuencias de haber declarado el estado de excepción el 3 de noviembre de 2007, según distintos medios.
Un plantel de 14 miembros emitió una citación a Musharraf para que comparezca ante el Tribunal -en persona o mediante abogado- el próximo día 29 de junio, de acuerdo con la agencia paquistaní APP.
El Supremo, encabezado por el juez Iftikhar Chaudhry, exigió también al fiscal general de Pakistán que examine los detalles de los pagos que reciban los abogados encargados de la defensa del ex presidente, quien se encuentra en Londres.
"La justicia no cumplirá su objetivo, si el Tribunal da un veredicto sin dar una oportunidad de explicación a Musharraf", afirmó Chaudhry, quien volvió en marzo al frente del Supremo.
La corte está evaluando la legalidad de la declaración de aquel estado de excepción, que significó la suspensión de la Constitución y la destitución de decenas de jueces de los máximos tribunales, entre ellos el propio Chaudhry.
Bajo presión internacional y de la oposición, el ex presidente paquistaní tuvo que abandonar la jefatura del Ejército y levantar el estado de excepción el 15 de diciembre, pocos días después de jurar la reválida de su mandato presidencial.
En febrero de 2008, sin embargo, los comicios legislativos significaron un varapalo abrumador para su formación afín y una victoria sin paliativos de las fuerzas de oposición, que le empujaron a la dimisión en agosto de ese año.
La mayoría de los jueces destituidos con el estado de excepción volvieron más tarde a sus cargos, pero también permanecieron en sus puestos quienes les relevaron a partir de entonces, por lo que el veredicto del Supremo tendrá repercusión sobre su situación.
"El caso -reconoció Chaudhry en declaraciones divulgadas por el canal televisivo paquistaní Geo- tendrá efectos en las filas de nuestros jueces. Tendremos que ver las repercusiones del veredicto fuera del tribunal".
El Supremo está estudiando la declaración del estado de excepción a raíz de la denuncia de dos jueces destituidos entonces.
Según los denunciantes, aquella decisión fue tomada por Musharraf porque temía quedar inhabilitado como presidente por una corte de apelación que debía decidir si ese cargo era compatible con su puesto al mando del Ejército.
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