Lima.- El Relator Especial de la ONU para los pueblos indígenas, James Anaya, hizo hoy público su informe sobre los sucesos del 5 de junio en Bagua (noreste peruano), en los que murieron 34 personas en choques entre policías y nativos, y exhortó a que se investiguen los hechos con monitoreo internacional.
El informe, que consta de 50 observaciones recogidas en 15 páginas, asegura que no ha recibido pruebas que demuestren más muertos de los confirmados ni sobre la presunta existencia de fosas comunes, como aseguraban varios movimientos indígenas, pero no ahorra críticas al Gobierno.
En concreto, el relator subraya su "preocupación" por el hecho de que sigan haciéndose imputaciones penales contra algunos dirigentes indígenas "que ponen claramente en peligro el proceso de diálogo" iniciado entre el Gobierno y movimientos indígenas tras los hechos.
Para Anaya, "aún queda mucha incertidumbre sobre los acontecimientos" de Bagua, que han sido explicados por sus interlocutores oficiales con "versiones divergentes y carentes de coherencia".
Además, critica a la Fiscalía y al ministerio del Interior por enfocar sus investigaciones "principalmente y hasta exclusivamente en los posibles delitos de los manifestantes indígenas y no en posibles irregularidades de la policía y otros actores".
Sin embargo, Anaya escuchó numerosos relatos "en los que se describía con detalle serios abusos cometidos por la policía, incluido el uso excesivo de fuerza".
Además, "un clima de persecución en contra de las comunidades indígenas en los días posteriores a los enfrentamientos, incluyendo allanamientos sin orden judicial".
El Relator de la ONU visitó Perú entre el 17 y el 19 de junio, invitado por el Gobierno, y en una rueda de prensa al término de su misión aseguró que no había habido "genocidio" de indígenas, contradiciendo así las numerosas informaciones difundidas en el exterior de Perú que dejaban al Gobierno muy malparado.
El informe entregado hoy saluda algunos de los pasos dados por las autoridades peruanas, como la derogatoria de algunos de los decretos legislativos más polémicos y que estuvieron en el origen de las protestas, o la instalación de las mesas de diálogo.
Aun así, critica el hecho de que continúe la persecución judicial de algunos de los más importantes líderes indígenas, que ha hecho que tres de los más notorios, entre ellos el máximo líder amazónico, Alberto Pizango, hayan pedido y encontrado asilo político en Nicaragua, mientras que dos más están en la clandestinidad.
La principal conclusión a la que llega el informe es que todavía deben esclarecerse los hechos "por medio de una comisión independiente, con la participación tanto de los pueblos indígenas como de actores internacionales".
La ONU también "insta al Estado y a los organismos internacionales a buscar y consolidar un mecanismo de asistencia y monitoreo para el proceso".
Los sucesos de Bagua y sus alrededores, que se saldaron con 24 policías y 10 civiles muertos, comenzaron como un conflicto ambiental y de derechos indígenas, y terminaron convirtiéndose en los disturbios más graves registrados en Perú en los últimos años.
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