A Coruña.- Los portavoces de Justicia en el congreso del Partido Popular, Partido Socialista y Convergencia i Unió han destacado hoy el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas para promover la reforma del actual modelo judicial.
En declaraciones a los medios, previas a su participación en el curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra estos días en el pazo coruñés de Mariñán, el portavoz del PP, Federico Trillo, reconoció el esfuerzo "ímprobo" del Ministerio de Justicia, de la oposición y de las asociaciones judiciales, en "desatascar" algunos de los problemas que estaban pendientes.
Trillo mostró su preocupación por la insatisfacción ciudadana ante el tercer pilar básico del Estado de derecho, como es el poder judicial e indicó que, si bien con el nuevo ministro se ha conseguido desbloquear la Ley de la Oficina Judicial, todavía quedan "puntos negros" en el camino, "que no son pocos ni son menores".
En este sentido, mencionó la "inadecuación" Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de finales del siglo XIX y que, junto con los parches y modificaciones de todos estos años, hacen que el proceso sea "un auténtico laberinto", tanto para jueces y tribunales como para el justiciable.
La incidencia jerárquica del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial, "claramente dependiente del Gobierno y actuante a impulsos de él", son los otros "puntos negros" mencionados por Trillo.
El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, afirmó que la situación actual de la Justicia en España es "esperanzadora", aunque reconoció que "no está a la altura del nivel de nuestro país", puesto que tiene unas estructuras de funcionamiento "arcaicas".
A pesar de ello, remarcó que en los últimos meses se han presentado reformas legislativas importantes en materia procesal, que constituyen "un primer paso imprescindible, pero no el único" para la modernización de la Justicia.
Villarrubia trasladó el compromiso del Gobierno de dedicar 600 millones de euros en 3 años a la implantación de nuevas tecnologías, que permitan hacer compatibles los sistemas entre los distintos territorios.
También resaltó que "por fin" se de prioridad de verdad, en 30 años de democracia, a la atención y el servicio público en la Administración de Justicia, y reconoció que el consenso "imprescindible en estos primeros pasos" se está logrando, aunque todavía quedan por delante asuntos como la reforma del Código Penal o el desarrollo estatutario.
Por su parte, el portavoz parlamentario de Justicia de CiU, Jordi Jané, informó de que desde su formación son partidarios de un gran acuerdo social en el ámbito de la Justicia, "llámese pacto de Estado o no", y recalcó que "ésta debe de ser la legislatura de la Justicia".
El objetivo común pasa, señaló, por lograr una Justicia "más ágil, más próxima y más moderna" que dé una mejor respuesta y que atienda los derechos del ciudadano.
Jané se mostró partidario de pactar "ya" un calendario de negociaciones y apuntó que, en ellas, la Justicia ha de tener presente que España es un Estado autonómico y que, por tanto, "no puede vivir de espaldas a una estructura estatal compuesta".
Por delante queda la reforma del proceso penal, que, coincidiendo con Trillo, afirmó que emplea una terminología "que denota un proceso vetusto, del siglo XIX"; la creación de planta judicial más adecuada a los cambios demográficos que se han producido en España en los últimos años y, la dotación de más medios para la Justicia, sobre lo que apuntó que "con muchas reformas pero poco dinero, no haremos reformas".
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