San Sebastián.- El sindicato LAB pedirá a la Fiscalía de Guipúzcoa que investigue la posibilidad de que los "actuales responsables" de la Diputación de Guipúzcoa hayan incurrido en un delito de "prevaricación" en el denominado caso "Víctor Bravo".
El vicesecretario general de LAB, Xabier Garnika, y los dirigentes de este sindicato Txomin Lorca y Joxean Urkiola han hecho este anuncio hoy en una rueda de prensa en la que han opinado que el Gobierno foral (PNV-Alkarbide) "conocía los hechos y no actuó".
Según han explicado, LAB presentó hace un año una solicitud a la Diputación para que incoara un expediente a dos de los imputados en el caso: el ex director de la Hacienda foral Víctor Bravo y el funcionario Rufino Eizagirre, junto a un dossier que recogía la existencia de posibles "incompatibilidades" entre el ejercicio de sus funciones públicas con sus vinculaciones a ciertas empresas privadas.
Los sindicalistas han explicado que la Diputación no respondió a su demanda por lo que, ante el silencio administrativo y transcurrido medio año, decidieron interponer un recurso de alzada que, seis meses después, tampoco ha encontrado respuesta hasta el momento, por lo que ahora han decidido poner a disposición de la Fiscalía de Guipúzcoa toda esta documentación que, en su momento, también trasladaron a la Comisión de Investigación creada por las Juntas Generales.
Los dirigentes de LAB han aclarado que la posibilidad de abrir un expediente a Bravo y a Eizagirre "compete" exclusivamente a la propia Diputación, ya que "no requiere" la intervención de tribunal alguno, a pesar de lo cual "no lo ha hecho".
"Nos preguntamos -han añadido- por qué la Diputación ni siquiera explica las razones para no abrir este expediente, por qué la Comisión de Investigación no actúa respecto a la información que se le envió, y por qué es tan difícil tirar de la manta en los procesos administrativos contra el fraude".
Los miembros de esta central han avanzado asimismo que en su reunión con el fiscal también pedirán que se investiguen "todas las empresas que tienen o han tenido relación" con Bravo y Eizagirre, "especialmente la asesoría ALT, que ahora se llama Cialt".
"Se puede pensar -han agregado- que estas empresas y ALT, en la que trabajan un gran número de personas procedentes de la Hacienda foral, han actuado, y mucho nos tememos que pueda seguir haciéndolo, como una Hacienda foral dentro de la Hacienda foral, para propiciar técnicas de ingeniería fiscal e influir en las decisiones administrativas".
Han añadido que también demandarán al Ministerio Público que investigue todos los "negocios" relacionados con este asunto, que pudieran existir incluso en otros países de Europa, como "la delegación de Cialt en Rumanía".
"Queremos que se llegue hasta el final de este tema, que se destape toda la trama, que paguen todos los responsables, los que tienen responsabilidades penales y los que tienen responsabilidades políticas", han recalcado los sindicalistas, quienes han exigido además "que se devuelva todo el dinero defraudado".
La Fiscalía de Guipúzcoa presentó hace dos semanas una denuncia en la que atribuía a Víctor Bravo, cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos.
El Ministerio Público implicaba además en algunos de estos delitos a otras cinco personas, como Rufino Eizagirre, quienes habrían causado unos perjuicios económicos a la Hacienda estatal en la tributación del Impuesto de Sociedades de 2,15 millones de euros.
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