A aquellos que se hayan leído el documento que sentencia el final de la central nuclear de Garoña y que marca la línea a seguir en política energética por el Gobierno de Zapatero, les habrá sorprendido tanto como a nosotros que el ministro encargado de anunciar el cierre en 2013 delegara en otro la firma de uno de los asuntos que más debate ha provocado del año. ¿Desacuerdo, pataleta o deseo de no figurar?
'Madrid, 3 de julio de 2009. —El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre; ratificada por la disposición adicional única del Real Decreto 1038/2009, de 29 de junio), el Secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe'. Así concluye una de las resoluciones más relevantes de la actual legislatura. El nombre del ministro de Industria no figura por ningún lado. En cambio es el secretario de Estado de Energía el que carga con el muerto de firmar un cierre que ya ha pasado a la historia como un fallido intento de satisfacer tanto a quienes pedían que la central se parase como a los que exigían que continuase funcionando. "Es raro que una orden ministerial tan importante no esté ratificada por el ministro. La delegación de firma podría significar una delegación de competencias en este caso. Es absolutamente legal pero en asuntos de tal repercusión, lo habitual es que los rubrique el ministro", asegura un abogado del Estado consultado. Es un secreto a voces el malestar de Miguel Sebastián ante la decisión de Zapatero. "Las relaciones entre ambos son cada día más tensas. Han pasado de la devoción a la distancia. Y el cierre de Garoña ha servido para que el silencio se instale entre ellos", comenta un diputado socialista.
Preguntamos en su Ministerio la razón por la que Sebastián no firmó a pesar de encontrarse en Madrid el día en que estaba fechada la orden, el pasado 3 de julio. Justo 24 horas antes había tenido que anunciar en una multitudinaria rueda de prensa que no se concedía la prórroga de 10 años que solicitaba Nuclenor, empresa propietaria de la central. Circunspecto, flanqueado por dos guardaespaldas y con actitud de voy a repetir lo que me han mandado, argumentó una decisión que no debía compartir. "No hay nada raro. Las órdenes ministeriales no las tiene que firmar un ministro. El cierre de Zorita, que se produjo mientras gobernaba el PP, lo firmó una directora general". Ésta es la respuesta de Industria. Claro que en el caso de Zorita fue un dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear en el que se aconsejaba por razones de seguridad el cierre, lo que provocó que el ministerio de Economía ratificase en una orden ministerial el 14 de octubre de 2002 la recomendación: 'El Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía. P. D. (Orden ECO/2498/2002, de 3 de octubre, "Boletín Oficial del Estado" del 10), el Secretario de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, José Folgado Blanco. Ilma. Sra. Directora general de Política Energética y Minas'.
"Es un gesto que habla por sí mismo. La verdad es que no es normal que Miguel Sebastián no apoye con su firma la decisión de Zapatero. No estamos hablando de una orden ministerial cualquiera. Es, además de polémica, el documento en el que se desvela parte de la política energética que tanto están demandando al Gobierno desde diversos sectores. Cuando yo era ministro, había resoluciones que no era necesario que yo firmara pero si son temas de los que te sientes orgulloso, los firmas", explica un ex ministro socialista. La razón que ha empujado a Sebastián a que su nombre no quede escrito en los anales de la historia como el promotor y ejecutor de parar Santa María de Garoña, sólo lo conoce él.
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