Madrid.- Las comunidades gobernadas por el PP, con la excepción de Ceuta, han decidido hoy escenificar su oposición al nuevo modelo de financiación autonómica con la abstención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que las autonomías dirigidas por el PSOE darán respaldo al documento.
Los consejeros populares han llegado al Ministerio de Economía y Hacienda juntos, y antes de entrar en la reunión han expresado su intención de abstenerse, después de que la dirección nacional del Partido Popular les recomendase adoptar esta postura.
Así lo ha explicado el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, quien ha señalado que a pesar de la abstención, las autonomías gobernadas por su partido mantienen su oposición a este modelo porque "es perjudicial para toda España".
Los argumentos del PP para abstenerse son que "no está garantizada para ninguna de las regiones la suficiencia dinámica" en los próximos años, y además, en cuanto a los recursos adicionales, "no tiene lógica que un catalán reciba el doble que un madrileño", y porque "no hay garantía para la prestación de servicios públicos".
"Creemos que el Estado debería ajustar su gasto para no incurrir en más déficit, como está haciendo, pero lo que va a ocurrir es que esto se financiará con cargo a nuestros nietos".
De esta postura oficial se ha desmarcado el consejero de Hacienda de Ceuta, Francisco Márquez, quien ha anunciado que votará a favor si el documento final asume el "límite mínimo" exigido por el Gobierno de la ciudad.
Por su parte, el conseller catalán de Economía, Antoni Castells, ha lamentado que durante los últimos años, desde "el largo proceso estatutario" y durante la negociación de la financiación, "algunos hayan jugado con tanta frivolidad el levantar hogueras de animadversión contra Cataluña muy injustificadas".
Ha confiado en que esta tarde se apruebe el modelo, ya que "hemos trabajado mucho por ello".
También Andalucía, en boca de su consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, apoyará el sistema, que "respeta e incorpora muchísimas" de las reivindicaciones de esta comunidad y, además, garantiza la mayor autonomía financiera de las regiones al ampliar la cesión de los tributos y busca la igualdad entre todas ellas.
De igual modo, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, ha anunciado su apoyo "absolutamente convencido" por entender que "mejora sustancialmente" la posición de su comunidad y porque "es bueno para el conjunto del país".
Ángel Franco, consejero extremeño de Administración Pública y Hacienda, ha indicado hoy que no puede votar en contra porque se tuvieron en cuenta sus peticiones y, aunque no ha dicho abiertamente que votará sí, ha anunciado su "predisposición favorable".
Franco ha apuntado que el mejor acuerdo será el que deje a todos "ligeramente insatisfechos", ya que "el acuerdo pleno significaría un caos", ha matizado.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Aragón, Alberto Larraz, justifica su voto a favor porque se adapta en todos sus términos al Estatuto Autonomía, mantiene su peso en la financiación y compensa la dispersión de la población, modelo con el que su comunidad recibirá 258 millones de euros en 2012.
Por el contrario, la conselleira de Hacienda de Galicia, Marta Fernández Currás, ha indicado que dada la situación financiera de la Comunidad, tras detectar "un agujero de 1.200 millones de euros", Galicia "no puede renunciar ni a un solo euro" de la financiación autonómica.
Según ha dicho, se contemplan "unas horquillas" que hacen muy difícil saber la cifra definitiva que podría recibir cada comunidad, con cantidades que van desde la insuficiencia a lo necesario.
Pese a la instrucción de la dirección nacional del PP para que las comunidades gobernadas por esta formación política se abstengan en la votación de hoy, la conselleira ha señalado que asistía a la reunión "cargada de dudas", pero también "de esperanza".
Su homóloga en Castilla y León, Pilar del Olmo, ha declarado que los ciudadanos de su Comunidad no entenderían que se depreciara el dinero que ofrece el Gobierno central y que, por eso, su postura es la abstención, postura que podría variar en caso de que hubiera modificaciones sustanciales en el modelo para su región.
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