Cuatro años después de la tragedia el proceso judicial se acerca al desenlace

Toledo.-  El cuarto aniversario del incendio que arrasó casi 13.000 hectáreas de bosque y acabó con la vida de once trabajadores forestales llega después del cierre de la instrucción de la causa con veinte imputados, lo que ha recrudecido la disputa política y ha abierto un enfrentamiento entre jueces y políticos.

El sábado 16 de julio de 2005, una chispa saltó de una barbacoa que un grupo de excursionistas madrileños realizaba en la Cueva de los Casares, en Riba de Saelices (Guadalajara), y desató un incendio de enormes dimensiones que un día más tarde costó la vida de once de los doce miembros del retén de Cogolludo.

Como cada 17 de julio desde hace 48 meses, los familiares de varias de las once víctimas se concentrarán frente a la Delegación de Medio Ambiente de Guadalajara para pedir justicia y, con motivo del aniversario, también llevarán a cabo una ofrenda floral ante la rotonda construida en la capital guadalajareña en homenaje al retén.

Pero este año la conmemoración estará marcada por los ecos del auto dictado en mayo por la jueza de Sigüenza María del Mar Lorenzo en el terminó la instrucción con una veintena de imputados, entre ellos varios cargos políticos, los técnicos que dirigieron la extinción del fuego y algunos excursionistas que hicieron la barbacoa.

Entre los imputados está la ex consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo; el ex delegado de este área en Guadalajara, Sergio David Rodríguez, y el que fuera director general del Medio Natural, José Ignacio Nicolás, que al conocer la resolución dimitió como responsable de Política Forestal en Castilla-La Mancha.

A todos ellos, como a los excursionistas, al ex director del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz; a José Luis Samper, que era alcalde de Riba de Saelices en 2005 o a Hipólito Sebastián, que ocupaba ese cargo cuando se construyó la barbacoa, entre otros, les imputa la jueza un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

A los siete técnicos de la Junta (seis de Medio Ambiente y uno del 112), sin embargo, les imputa no sólo ese delito, sino también otros contra los derechos de los trabajadores y de homicidio por imprudencia profesional.

Este auto, que ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, ha motivado, por una parte, la presentación de los escritos de acusación por las partes implicadas y, por otra, un enconamiento de las posiciones políticas que, en esta ocasión, han salpicado al poder judicial.

En el ámbito judicial, las acusaciones que ejercen ocho familias de las once víctimas y el Partido Popular piden penas de siete años de prisión para los técnicos forestales, mientras que para los cargos políticos y los excursionistas que prendieron la barbacoa solicitan tres años.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por su parte, acusa a los tres excursionistas que permanecen imputados, para los que reclama una condena de siete años y medio de cárcel, mientras que el fiscal sólo ve responsabilidad penal en el excursionista que prendió la barbacoa Marcelino H.

El auto del cierre de la instrucción reavivó la controversia política, con un debate parlamentario solicitado por el PP.

En ese debate se produjo un agrio enfrentamiento entre socialistas y populares que afectó al poder judicial con críticas a la instrucción del proceso por parte del consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y, sobre todo, del portavoz parlamentario socialista, Santiago Moreno.

Este último afirmó que "no habría caso del incendio de Guadalajara" sin la jueza que lo instruye desde hace dos años, María del Mar Lorenzo, y sin la ex presidenta de la Audiencia de Guadalajara, Concepción Espejel, que evitó el cierre de la causa antes de que Lorenzo se hiciera cargo de ella.

Además, las Cortes aprobaron, con los votos del PSOE, una resolución en la que se pedía a la Junta, personada en el proceso, que solicitara el sobreseimiento de la causa para todos los imputados menos para los excursionistas.

Lo dicho en el debate y la resolución final fue entendido como una intromisión en la independencia judicial por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, cuya Sala de Gobierno aprobó una resolución en la que advertía de que ni el poder Legislativo ni el Ejecutivo pueden entrometerse en la función de los jueces ni decirles "lo que tienen que decidir en un determinado proceso".

También se quejaron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, mientras que la jueza Lorenzo terminó por pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Entre tanto, en un verano especialmente peligroso para los incendios, el presupuesto de la campaña regional de prevención y extinción de incendios (que en 2005 era de 42 millones de euros) se ha elevado otro 13 por ciento y ha llegado ya a los 112 millones, mientras que la duración de la campaña ha pasado de seis meses a once y a partir del próximo año será indefinida.