Sevilla.- La Junta acudirá el miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a apoyar "por coherencia" un modelo de financiación autonómica que "se basa" en las propuestas de Andalucía, pero que para la oposición "rompe" el consenso parlamentario previo y está negociado a la medida de Cataluña.
"El Gobierno andaluz tiene la satisfacción del deber cumplido porque las aspiraciones de Andalucía están reflejadas en el modelo, que es más justo y supondrá una clara mejora del actual sistema", ha manifestado en el pleno del Parlamento la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
Con el nuevo sistema, con una vigencia de cuatro años (2009-2012) y revisable cada ejercicio, Andalucía percibirá 3.133 millones, de los que 1.795 millones se corresponden con asignaciones de los fondos adicionales, 390 a los ingresos tributarios y los 948 restantes a las competencias propias de esta región.
El respaldo de Andalucía a la financiación está basado en el reconocimiento de la población como base del mismo, así como en la consideración de la población en edad escolar en Educación y de la población de cero a cuatro años en Sanidad.
Por ello, ha comentado la consejera, la comunidad tendrá un "mayor peso" en las variables que determinan la financiación de los servicios públicos fundamentales, pasando del 18,46% actual al 18,78%, así como una financiación "per capita" ligeramente superior a la media.
Ha subrayado también la garantía de la suficiencia financiera, de la corresponsabilidad fiscal y el aumento de la capacidad normativa, ya que el Gobierno autonómico calcula que Andalucía incrementará en 20 puntos el peso de los recursos tributarios por la cesión de impuestos (50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales).
"Por coherencia", la Junta apoyará la propuesta del Gobierno que se basa en el documento que Andalucía presentó en el 2006 y que ha resultado ser la "hoja de ruta de la propuesta final", dijo.
También ha asegurado que "da cumplimiento" a los principios recogidos en el Estatuto, de la Cámara, y justificó la financiación obtenida por Cataluña, al tiempo que rechazó los agravios comparativos con esta comunidad, una visión -dijo- que es "de otro tiempo".
Ninguno de los argumentos de las consejera convencieron a los grupos de la oposición (PP e IU), que creen que el sistema es fruto de una negociación bilateral (con Cataluña) y que "rompe" el consenso parlamentario y los principios de igualdad y solidaridad.
La intervención del PP en primera instancia corrió a cargo del secretario general, Antonio Sanz, pero en el segundo turno compareció el presidente regional de este partido, Javier Arenas, quien ha exigido que cuando se trata de repartir 11.000 millones Andalucía "con la Constitución y el Estatuto en la mano" debe ser la que más gane.
Tras criticar que el Gobierno andaluz sea el "único" que cree que el modelo responde a la propuesta andaluza, Arenas ha pedido a Griñán que no vote a favor porque va "en contra" de resoluciones del Parlamento y "ahonda" en los privilegios entre comunidades.
Según Arenas, el problema es que existe un "choque de dos modelos", el del andaluz y el Estatuto, y el de Cataluña, en el que ha ganado la "tesis soberanista", por lo que ha dicho que Griñán ha asistido como "copiloto de un gran festival de la insolidaridad".
Pedro Vaquero, de IULV-CA, ha opinado que el modelo es "contrario" a los intereses de Andalucía y que resulta "rechazable" tanto en las formas como en los contenidos porque va a crear una financiación "insolidaria" en un Estado asimétrico.
La falta de transparencia y el oscurantismo de las cifras en este proceso ha supuesto "una burla" a los andaluces, según el diputado de IU, quien ha añadido que este no ha sido proceso multilateral sino bilateral entre el Gobierno y Cataluña, con lo que en la realidad se están "conculcando" los principios del Estatuto.
El portavoz socialista, Manuel Gracia, que ha lamentado que el PP hable de "traición y afrenta" a Andalucía, ha indicado que el sistema da respuesta a "la falta de matices" a la hora de aplicar el modelo, de forma que era necesario "un trabajo fino" para la ponderación de la población como eje central.
Ha justificado el apoyo al modelo en que el sistema ha tenido una determinada evolución que al no haber mecanismos "dinámicos" para acometer la actualización de la población ha provocado fenómenos de distorsión "graves" que afectan a muchos habitantes.
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