La financiación autonómica ha traído de cabeza al Gobierno de Zapatero en los últimos dos años. Después de varios retrasos, de intentar resolver 'sudokus' (como decía el ex ministro de Economía, Pedro Solbes) y enfrentarse día sí día también con diferentes Comunidades Autónomas ya se ha resuelto casi todo el enigma. Te explicamos, paso a paso, qué es todo este lío:
Es un sistema por el cual las Comunidades Autónomas obtienen del Estado y de sí mismas los ingresos que le son necesarios para financiar sus competencias. La financiación autonómica no es nada nuevo. Es tan viejo como lo es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980, en la que se empezaron a trazar las primeras pinceladas en este sentido.
Actualmente en España conviven dos modelos de financiación autonómica: el régimen foral, que se aplica únicamente al País Vasco y a Navarra —por el cual estas Comunidades gestionan la totalidad de sus ingresos y sus gastos—, y el régimen común, que regula el resto de Comunidades españolas con la excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que tienen un régimen especial. El común es el que se va a modificar para que entre en vigor en 2010.
Desde 2005 se ha venido diciendo que el sistema de financiación actual, que entró en vigor en 2002, está obsoleto. Este modelo comenzó a idearse en 1999, cuando se transfirieron algunas competencias a muchas Comunidades Autónomas, como la sanidad y la educación. Como la gestión de estas competencias necesitaban también de una inyección de dinero, se acordó un sistema que dotara de más recursos a las regiones.
Pero, ¿por qué se considera que es viejo? Básicamente, porque ahora en España hay 7 millones de habitantes más que entonces a los que hay que atender y ofrecer los servicios básicos. La propuesta del Gobierno, que aún tienen que ser aprobada por las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles, incluye ahora las variantes del incremento de la población (si hay más habitantes en una región, se necesita más dinero para su educación, su sanidad, etc.) y la dispersión (en Comunidades como Castilla y León, por ejemplo, hay menos población que en Cataluña, pero al estar repartida en un territorio mayor, se requieren más hospitales aunque no se llenen tanto como allí), etc.
Además de este motivo, hay tres razones más que han llevado al Ejecutivo a cambiar el sistema: la primera es que se quieren reducir las diferencias en la cantidad que se asigna a cada habitante que hay entre las regiones (de casi 40 puntos entre autonomías); la segunda, adecuarse a lo que se establece en los estatutos de autonomía aprobados en los últimos años, y la tercera, que el sistema se debía haber reformado ya en 2007 (es decir, cinco años después de su última actualización).
El dinero que cada una de las regiones va a utilizar para financiar sus necesidades saldrá básicamente de dos fuentes:
Todo el mundo ha hablado y ha opinado sobre la financiación autonómica. El lío surge hace cuatro años, tras la iniciativa catalana de incluir en la reforma de su Estatuto de autonomía una propuesta específica de financiación. En ella exige que "el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación (solidaridad) no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita antes de la nivelación". El reglamento catalán marcó en cierta manera las bases del nuevo sistema y además puso plazo a la aprobación del mismo, que debía haberse dado en agosto del año pasado como máximo. En cualquier caso, aunque entre en vigor en 2010, esta norma afectará también al ejercicio de 2009.
Los partidos catalanes en el Gobierno —PSC, ERC e IC— reclamaban al Ejecutivo un nuevo sistema, ya que con el actual, a pesar de ser una de las regiones que más dinero aportaba a la caja común (vía impuestos), era de las que menos recibía por habitante. Por eso Cataluña pidió que se recortara el principio de solidaridad que hace que regiones que contribuyen en menor medida (como Cantabria) se coloquen a la cabeza en el ranking de financiación 'per cápita'.
La última batalla se ha librado en torno a los millones que el Estado asignará a cada una de las regiones. Cataluña, que siempre ha liderado las negociaciones, exigía 3.800 millones de los 11.000 totales para sí. Esta petición, que según los cálculos de ERC se ha cumplido al obtener finalmente 3.855 millones, ponía en una situación difícil al Gobierno que, si bien no quería darle tanto dinero, se sentía presionado por ser miembro en el tripartito catalán y socio esporádico del Gobierno central. Las Comunidades del PP no han parado de repetirle a ZP que se estaba vendiendo a los nacionalistas.
El empecinamiento de Cataluña en gestionar una mayor parte de sus recursos (o al menos en que no les quitaran lo que ellos consideran como suyo) chocó de frente con el de otras Comunidades como Castilla y León, que creían que se debía tener en cuenta, no sólo la aportación de cada Comunidad, sino también factores como la dispersión de la población en una zona, el envejecimiento de la misma y el número de personas en edad escolar.
El 'sudoku' al que hacía referencia, y con razón, el ex ministro Solbes, tenía pues muchas demandas que satisfacer y ninguna de las soluciones parecía fácil. Finalmente, se crearán diferentes fondos para reducir la solidaridad —tal y como pedía Cataluña— pero sin dejar sin servicios básicos fundamentales a ningún ciudadano —como temían las Comunidades menos pobladas—:
Este fondo es el que verdaderamente recorta la solidaridad entre las regiones y ha sido una de las demandas clave de Cataluña. Los catalanes, junto a los madrileños, andaluces y valencianos, son los ciudadanos que más aportan al sistema vía impuestos (básicamente, porque son regiones más pobladas). Sin embargo, cuando se redistribuía el dinero, salían perdiendo y obtenían una financiación por persona inferior a la de Extremadura, por ejemplo. En 2007, el último ejercicio del que tenemos datos, hubo una disparidad de 880 euros entre la zona que más cobra (Cantabria, con 3.291 euros por habitante) y la que menos (Valencia, con 2.411), a pesar de que la segunda contribuye más al Estado que la primera.
Desde el Gobierno se ha hecho mucho hincapié en que el 80% de los recursos del sistema se destinarán a la financiación de los servicios públicos fundamentales —la sanidad, la educación y las prestaciones para servicios sociales— "en una cuantía per cápita igual para todos los lugares de España". De esta manera, el Estado garantiza que la financiación para estos servicios será la misma para cualquier ciudadano de cualquier lugar de España, independientemente de que viva en Extremadura o en Valencia. No se incluyen, sin embargo, otras competencias que en algunos casos tienen transferidas las Comunidades Autónomas (justicia, policía, investigación o prisiones).
El hecho de que la ministra de Economía haya convocado a mediodía del domingo a los medios de comunicación tenía una razón. Salgado iba a enviar a todas las Comunidades Autónomas la propuesta del Gobierno para poder convocar Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra quería que se celebrara el miércoles y la normativa exige avisar con al menos 72 horas de antelación a los integrantes del mismo. Así, tras varios días de negociación a contrarreloj, el Ejecutivo le ha dado a las Comunidades las claves para que calculen cuántos millones les corresponden.
El próximo miércoles, cuando esté reunido el Consejo con las 15 Comunidades Autónomas representadas, se votará la propuesta del Ejecutivo. En un principio, el PP ha avisado de que las regiones donde gobierna su partido —siete— votarán en contra o se abstendrán, aunque no se negarán a recibir el dinero. El voto en contra o la abstención del PP no impedirá que el texto llegue al Congreso. Después del trámite parlamentario los hombres de Zapatero se reunirán de forma bilateral con cada una de las Comunidades Autónomas y en esos encuentros tendrán que comunicar si se adhieren o no al modelo. El Ejecutivo espera que entre en vigor en el año 2010, pero tendrá carácter retroactivo de un año, por lo que también afectará a las cuentas que se han hecho en 2009.
Cataluña ha tenido donde mirar a la hora de elegir un sistema de financiación que le agradara. En estos últimos tres años ha dicho por activa y por pasiva que quería un modelo de financiación autonómica de tipo federal como el alemán o el canadiense. A través de su conseller de Economía, Antoni Castells, los catalanes siempre han pedido soluciones que se parecieran lo máximo posible a las que se emplean en estos dos países. Ambos mantienen una redistribución limitada de los recursos entre los territorios. En Canadá, cada región retiene la totalidad de sus ingresos y aquéllas que no llegan a cubrir sus gastos reciben fondos del Estado central, algo que resulta prácticamente imposible en España.
En Alemania, sin embargo, la solidaridad entre las regiones (nivelación, en lenguaje técnico) establece que son las autonomías las que corren con los gastos para que otras tengan un nivel suficiente de ingresos. A pesar de seguir también el principio de solidaridad, el lander (estado) alemán más rico sigue siendo el más rico una vez se aplica el mecanismo de la nivelación parcial. Ésta es la reivindicación que ha mantenido Cataluña en las negociaciones.
El cómo se financiará tu sanidad, tu educación y otros servicios sociales ha dependido directamente de estas largas negociaciones. Así, supuestamente (y si se sigue el modelo presentado), tendrás las mismas posibilidades y el mismo dinero destinado para ser atendido por un buen médico en un buen hospital. Da lo mismo que vivas en un pueblo de Castilla y León o en el centro de Madrid. Otras prestaciones no consideradas básicas como la justicia (que haya más jueces, por ejemplo) dependerán de lo rica y dinámica que sea tu región y de si el Gobierno central considera que te tiene que dar más según distintas variables.
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