Cartagena.- El portavoz de la asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Pedro García, ha destacado hoy la "contundencia" de la carta de emplazamiento de la Comisión Europea (CE) que recriminado al Gobierno español la autorización del proyecto de construcción del puerto deportivo de Puerto Mayor.
Anse y Greenpeace presentaron en 2001 ante los tribunales un recurso contencioso-administrativo contra ese proyecto del empresario Tomás Maestre en La Manga del Mar Menor (Murcia), donde se pretende dragar además el canal del Estacio, que comunica la mayor laguna salada de Europa con el Mediterráneo y retroalimenta sus aguas.
Según García, el informe que firmó el pasado 25 de junio el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, "viene a avalar las denuncias que los ecologistas vienen haciendo desde hace años sobre el impacto ambiental de esta dársena".
García ha recordado que la continuidad de las obras de Puerto Mayor fue autorizada en 2005 por el Gobierno de Murcia, con la oposición del ministerio de Medio Ambiente, que presentó ese año, por su parte, otro recurso contencioso-administrativo para parar la obra.
La CE confirma con su denuncia los efectos directos de la dársena sobre los espacios de la red Natura 2000, así como el aumento de la presión turística en la vecina isla Grossa y en su entorno, ha añadido el portavoz de Anse.
Las dos organizaciones reclaman en un comunicado conjunto "que no se negocie con la empresa ningún acuerdo que pudiera permitirles la ejecución del puerto ni del proyecto urbanístico asociado que defiende el empresario Tomás Maestre".
García destacó además "la necesidad de proceder a la restauración ambiental de la zona afectada por las obras y de recuperar para el dominio público la extensa playa de unos 700 metros de longitud que sería enterrada para su urbanización".
También ha propuesto la recuperación de las diez hectáreas de arenales que quedan en La Manga.
Por último, ha expresado su confianza en que las futuras sentencias judiciales correspondientes a los dos recursos pendientes de resolución respalden los argumentos de los ecologistas en el sentido de que, como ellos defienden, la concesión administrativa para el puerto ya "ha caducado" y de que las obras que se reanudaron no eran las inicialmente previstas".
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