Palma.- La portavoz del Govern, Joana Barceló, ha informado hoy de que el Ejecutivo ha aprobado un decreto que amplía la obligatoriedad de disponer de hojas de reclamación a todos los productos y servicios que ofrezcan las empresas radicadas de Baleares, ya sea de forma directa o telemática.
El decreto unifica las hojas de reclamación y denuncias y regula su trámite procesal, así como de qué manera se debe informar de su existencia y cuáles son los procedimientos de tramitación de las mismas, según ha explicado Barceló en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.
La portavoz ha indicado que, hasta ahora, las hojas de reclamación eran una obligación en restauración, en el sector turístico y el comercio "pero ahora se amplía a todos los servicios y actividades profesionales" con ánimo de lucro y, por tanto, a todo el que comercialice productos o servicios.
"Se ha demostrado que ha sido efectivo en los establecimientos comerciales", ha dicho Barceló.
Los usuarios podrán pedir hojas de reclamaciones en caso de disconformidad con los servicios prestados, a cualquier empresario y trabajador autónomo, ya sean profesionales liberales o técnicos de cualquier tipo.
El decreto protege por igual a los usuarios de fuera del territorio balear cuando compren productos o servicios de empresas insulares y a los consumidores que realicen transacciones electrónicas que se relacionen contractualmente con empresas radicadas en Baleares.
Las hojas se tienen que editar en catalán y castellano y se pueden redactar en lenguas extranjeras, y la Dirección General de Consumo prevé poner a disposición el nuevo formato en una descarga gratuita en su web.
El decreto entrará en vigor 6 meses después de su publicación, y contempla además un período transitorio de 24 meses para quienes ya están obligados a tener hojas de reclamación se adapten al nuevo modelo.
El Consell de Govern ha dado luz verde también a la convocatoria de subvenciones por 4.909.500 euros para servicios que ofrezcan procesos de acompañamiento a la ocupación para colectivos vulnerables, en 2009-2010.
El objetivo, según la portavoz y consellera de Trabajo y Formación es propiciar "el éxito en la búsqueda de trabajo, con un acompañamiento personalizado e individual a miembros de colectivos con dificultades" para encontrar empleo.
Entre esos colectivos con especiales dificultades de inserción laboral que podrán beneficiarse se encuentran personas con discapacidad, jóvenes de 16 a 30 años, enfermos mentales, ex presidiarios, mujeres en situación de riesgo de inserción y jóvenes con necesidades educativas especiales.
El Gabinete del Ejecutivo ha aprobado el protocolo de prórroga para 2009 del convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, para el desarrollo de actuaciones de acogimiento e integración de personas inmigrantes.
Por primera vez, este convenio anual tiene en cuenta el factor de la insularidad al calcular la aportación por parte del Gobierno central e incrementa su dotación de 5,3 millones en 2008 a 5,9 millones de euros.
El Consell de Govern ha autorizado la implantación de 13 grados oficiales de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) en adecuación al Plan Bolonia, entre los que se incluyen Biología, Educación Infantil, Fisioterapia, Historia del Arte o Matemáticas.
El ejecutivo ha aprobado también que la Conselleria de Agricultura y Pesca aporte 600.000 euros para el desarrollo de programas piloto de desarrollo rural sostenible del Contrato Agrario de Reserva de la Biosfera de Menorca, que se completan con 400.000 euros aportados por el Consell insular.
Según Barceló, el contrato "reconoce al sector primario como actor prioritario en la custodia del territorio" un modelo que estudian las demás islas.
El gabinete del Ejecutivo ha aprobado también el nombramiento del director general de Arquitectura y Vivienda Casimiro Godia, en sustitución de Laura de la Campa.
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