Murcia.- Los agricultores de Murcia advirtieron hoy de que peligran unos 100.000 empleos en el campo y la huerta si la diferencia entre los precios que reciben por sus productos, que no llegan a cubrir los costes de la cosecha, y los de venta al público sigue siendo de una media de casi el 600 por ciento, como hoy día.
En una rueda de prensa ofrecida por representantes de los sindicatos agrarios Coag-Ir, Asaja, Upa y de las federaciones murcianas de cooperativas Fecoam y Fecamur, tras reunirse con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y con el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, éste habló de un "abusivo" margen comercial.
El presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, señaló que la crisis económica está afectando al sector "con mucha virulencia y agresividad".
Martínez cifró en unas 100.000 personas la cifra de quienes pueden verse obligados a abandonar el cultivo de sus explotaciones si continúa bajando a este ritmo "la pérdida de competitividad y de cuota de mercado de la agricultura de esta región".
Cerdá dijo que Valcárcel ha pedido entrevistas a los ministros de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.
Además, Cerdá se comprometió con los productores a reajustar los presupuestos de su consejería para paliar los efectos de esta coyuntura en las economías de agricultores y cooperativistas, así como a revisar las actuaciones del plan estratégico regional firmado entre la administración autonómica y el sector agroalimentario.
El Gobierno de Murcia gestionará también reuniones para hacerles llegar la preocupación agrícola a la eurodiputada murciana del PP, Cristina Gutiérrez-Cortines, y al vicepresidente del grupo parlamentario del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, así como con bancos y cajas de ahorro para tratar de facilitar liquidez a los agricultores.
A este respecto, el presidente de Coag-Ir Murcia, Pedro Lencina, aseguró que Espinosa tiene al sector agrario "absolutamente desatendido", que "muchos productores no cubren los costes de producción, a pesar de que tienen diversificada su cosecha" y que "las medidas correctoras del diferencial de precios tienen que ser tomadas de arriba a abajo, desde la OMC y el G-8 a los Gobiernos autonómicos, pasando por la UE y el Gobierno español".
En una emotiva intervención, Lencina indicó que "el comercio no tiene corazón, del que sólo disponen las personas y los políticos que pueden hacer algo para cambiar esta situación".
"Los dirigentes mundiales tienen que saber que los agricultores nos la estamos jugando. No queremos ser catastrofistas, pero que al menos se nos considere. No nos vamos a dejar hundir: no lo vamos a permitir", aseveró.
El secretario de Organización de Upa Murcia, Manuel Zaragoza, indicó que hay formas de regular los precios mínimos que deben pagarse a los cultivadores en función de los costes de producción, así como de evitar el "dumping".
Entre ellas, establecer en la nueva ley agroalimentaria española un código de buenas prácticas entre las grandes distribuidoras internacionales (en Europa, Carrefour, Alcampo y Lidl), al modelo francés, de forma que se respete el justiprecio y se eviten los grandes márgenes entre los precios de compra a los agricultores y los de venta a los consumidores, sugirió.
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