¿Subasta o timo de la estampita?

Vamos hoy con un tema un poco más prosaico. En el estudio estamos en estado de shock. Desde la Administración nos han comunicado la adjudicación de uno de nuestros últimos proyectos a una empresa constructora que ofertó uno con una rebaja presupuestaria del 59%. ¿Qué significa esto?

El esquema habitual de la administración para realizar obras:

Se convoca un concurso mediante el cual se selecciona el proyecto técnico que se va a ejecutar. Hay concursos de muchos tipos y con una enorme variedad de criterios para su adjudicación. Desde los concursos de ideas en los que fundamentalmente se valora la concepción general del proyecto hasta aquellos en los que la oferta económica de los honorarios a cobrar por los profesionales es el dato determinante a la hora de elegir a los técnicos.

El equipo profesional elegido desarrolla el proyecto en su totalidad, indicando todas las características técnicas que debe reunir la obra en cuestión, y por supuesto su coste económico estimado, perfectamente desglosado y pormenorizado. Los datos para realizar estos presupuestos se extraen fundamentalmente de bases de precios medios normalizadas para cada año y de consultas directas a los fabricantes e instaladores de las distintas unidades de obra.

Posteriormente la administración revisa y corrige ese proyecto para sacarlo a licitación pública. Es decir convoca un segundo concurso, en este caso dirigido a las empresas constructoras, para que ellas estudien el proyecto realizado, y oferten un montante económico total por el cual están dispuestas a ejecutar la obra en cuestión.

Lo más frecuente en esta fase, es que este proceso de licitación se convierta en una subasta pura: la empresa constructora que afirma que realiza la obra por menos dinero, es la que resulta adjudicataria. El funcionamiento parece impecable. Hay que cuidar mucho los dineros públicos, y todo lo que se pueda ahorrar, bienvenido sea.

Pero ¿qué ocurre en tiempos de crisis, o de vacas flacas como el actual? Hay poca obra en circulación y las empresas constructoras tienen que mantener sus estructuras y su actividad. De manera que, mientras que las bajas ofertadas, en tiempos de bonanza, respondían a estudios serios y a su capacidad de conseguir mejores precios y rentabilidades que aquellas que han estimado los arquitectos al realizar los presupuestos, en estos períodos más difíciles, se realizan con el objetivo exclusivo de conseguir la obra a toda costa. Las bajas pasan automáticamente del entorno del 10-15 por ciento al 30 e incluso 40 por ciento. Es sorprendente, pero es así.

Como decía, la magnitud y gravedad de estos tiempos confusos que atravesamos han llevado este intervalo en el que se mueven las bajas hasta prácticamente el 60%. Esto quiere decir que lo que yo como arquitecto he dicho que cuesta 100, en realidad, es posible hacerlo por 40.

En esta situación solo hay dos explicaciones posibles:

• Que sea mentira. Que sea manifiestamente imposible hacer la obra por ese dinero, y que el dato no es más que una burda mentira que, por lo que se ve, el poder público quiere creer. La actitud de la administración me recuerda en estos casos a la del pardillo que es engañado por los maleantes en el timo de la estampita. Siempre he considerado más importante para éxito de la treta, la avaricia del timado, que la pericia del timador.
• O que sea verdad. Y que efectivamente sea posible realizar por 40 lo que me dijeron que valía 100. En este caso, el verdadero maleante o inepto, según las interpretaciones, es el arquitecto, el responsable de la estimación inicial. Cuando una constructora realiza una baja de este tipo, está, entre otras cosas, insultando al arquitecto. Le está llamando o tonto o ladrón. Por un error de esta magnitud (la previsión es el 250% del coste real de la obra), yo no dudaría ni un segundo en despedir fulminantemente al autor del presupuesto inicial.

No conozco el caso de una sola obra que haya costado al final menos de la mitad del dinero previsto para ella. Lo cierto es que las constructoras, una vez adjudicada la obra con su enloquecida oferta a la baja, se convierten en auténticos especialistas en recorrer los vericuetos de la administración para encontrar más dinero para realizar sus trabajos: proyectos modificados, complementarios, liquidaciones, etc…, convierten la ejecución de obra en un infierno motivado exclusivamente por aquel increíble dato inicial. Las obras, o bien terminan costando aproximadamente lo previsto, o bien, si el dinero empieza a escasear como ahora, se abandonan a su suerte, a la espera de una nueva dotación presupuestaria.

Creo que es un buen momento para revisar este criterio habitual de adjudicación por subasta pura y dura. La baja temeraria ha demostrado su incapacidad. Todo el mundo tiende a aceptar su justificación (es difícil luchar contra la placentera sensación de haber encontrado un chollo). El sistema de concurso que valora otro tipo de cuestiones, solvencia técnica, programa de trabajo, experiencia previa, etc…, tiene el problema de la menor objetividad de la valoración, con lo cual se puede convertir en una puerta entreabierta al amiguismo o cosas peores.

Todos los arquitectos supongo que lo hemos pensado bastante y la solución es difícil. A mí, restringir el criterio de selección a lo económico me parece lo menos malo. Lo más simple y objetivo. Pero en lugar de seleccionar al más barato como se hace en las subastas, se podría elegir al que se acerque más a la media de las bajas ofertadas. Supongo que también tendrá problemas, pero, en teoría me parece mejor y más operativo a la larga, que la enloquecida carrera a la baja que se produce en la actualidad. ¡Ya sólo nos quedan 40 puntos porcentuales para que nos creamos que nos van a construir un ayuntamiento totalmente gratis!