Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato del periodista hondureño Gabriel Fino y exigió el "respeto irrestricto" al derecho a la libertad de expresión en Honduras en el contexto actual de crisis.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su "especial preocupación" por el asesinato de Fino, ocurrido el pasado viernes en San Juan Pueblo, a unos 350 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en momentos en que Honduras vive una profunda crisis política tras el golpe de Estado del 28 de junio.
La CIDH pidió a las autoridades hondureñas que investiguen los hechos y determinen si el asesinato estuvo vinculado con el ejercicio de la actividad periodística, y que juzguen y sancionen debidamente a los autores.
El periodista, corresponsal de Radio América de Tegucigalpa en San Juan Pueblo, recibió tres balazos cuando salió de la emisora Estelar, donde emitió un programa.
La Relatoría, encabezada por la colombiana Catalina Botero, reiteró su exigencia de respeto irrestricto a la libertad de expresión en Honduras y demandó que se garantice la seguridad a los periodistas para que puedan cumplir su labor.
La CIDH recordó que el "asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión".
"Hechos de esta naturaleza no sólo lesionan los derechos humanos de las víctimas, sino que generan un gravísimo efecto intimidatorio que afecta severamente el derecho a la libertad de expresión", dijo Botero en un comunicado.
La Relatoría Especial condenó ya el pasado día 29 las limitaciones a la libertad de expresión en Honduras, ocurridas después del golpe de Estado y de la ruptura institucional, y urgió al respeto irrestricto de este derecho fundamental.
Botero ha seguido con especial atención la creciente tensión en Honduras tras el derrocamiento de Manuel Zelaya a manos de los militares y la CIDH ha otorgado medidas cautelares a varios periodistas en riesgo y solicitado información sobre denuncias recibidas.
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