China pide al Gobierno que detenga la investigación por la represión en Tíbet

MADRID.-  El Gobierno chino se negó este lunes a asistir jurídicamente a la Audiencia Nacional y exigió al Ejecutivo español que "asuma sus responsabilidades" y haga "cesar definitivamente, cuanto antes" la investigación iniciada por el juez Santiago Pedraz sobre tres ministros y cinco altos cargos de este país por su presunta implicación en la represión que se produjo en Tíbet en marzo de 2008, cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, informaron fuentes jurídicas.

Las autoridades chinas han contestado de este modo a la comisión rogatoria remitida por el magistrado español el pasado mes de mayo, en la que Pedraz solicitaba que se le permitiera interrogar como imputados a estas siete personas por la comisión de "un crimen contra la humanidad y, en concreto, un delito de lesa humanidad" por su participación en muertes, lesiones graves, desapariciones forzadas, detenciones, privaciones de libertad y torturas.

"La parte china deniega con firmeza cualquier solicitud de asistencia judicial relacionada con este caso", indica el Ejecutivo chino en su respuesta, y añade que "exige que el Gobierno español asuma las responsabilidades del Derecho Internacional que le corresponda y adopte medidas inmediatas y eficaces para prevenir cualquier abuso del Tratado de Asistencia sobre materia penal, haciendo cesar definitivamente, cuanto antes, el supuesto caso".

En opinión del Gobierno chino, la tramitación de esa "falsa querella" ha violado "los principios básicos de jurisdicción e inmunidad de Estado que el Derecho Internacional establece y no pertenece a la cobertura del Tratado sobre Asistencia Judicial en materia penal entre ambos países".

Pedraz cursó el pasado mes de mayo a China una comisión rogatoria para que los ocho imputados manifestaran su deseo de prestar declaración en la Audiencia Nacional o ante un tribunal de su país, en cuyo caso una comisión judicial española encabezada por el propio magistrado se desplazaría para realizar los interrogatorios.

MÁS DE 200 MUERTOS

Los tres ministros imputados son el titular de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; y el de Seguridad Pública, Meg Jianzhu. Además, la acción penal se dirige contra el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del 'Politburó' en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.

La querella fue presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Fundación Privada Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa, que denunciaron tres días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Pekín los "delitos de lesa humanidad cometidos contra la población tibetana". Según sus cálculos, la actuación del Ejército chino provocó "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".

En el marco de esta causa, Pedraz interrogó el pasado 27 de abril a We Jin Gsheng, conocido como "el padre de la democracia china" y candidato en varias ocasiones al premio Nóbel de la Paz tras permanecer durante años en cárceles del país asiático por su condición de disidente. El testigo denunció las torturas que el régimen comunista chino comete a sus presos políticos.

"MATANZA SISTEMÁTICA Y GENERALIZADA"

Según los querellantes, los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.

En su escrito, les imputa "la supuesta causación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

Al margen de la investigación de Pedraz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, tiene abierta una causa desde enero de 2006 contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas en el Tíbet y en el Gobierno chino después de estas tres mismas asociaciones presentaran una querella por el genocidio supuestamente cometido a partir de 1950.