Toledo.- El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que tres excursionistas son los únicos responsables del incendio ocurrido en la provincia de Guadalajara en julio de 2005, que acabó con la vida de once personas y asoló casi 13.000 hectáreas, y pide para cada uno de ellos una pena de siete años y medio de cárcel.
En el escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso EFE, en el que no se alude al fallecimiento de los miembros del retén de Cogolludo, el Gobierno castellano-manchego acusa a los excursionistas -Marcelino H.S., Juan José J.C. y Iasson K- de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.
También les pide que de forma solidaria indemnicen a la Junta con casi once millones de euros, en concepto de responsabilidad civil por el coste de los trabajos de extinción y la reparación ambiental de la zona.
En contra del criterio de la jueza de Sigüenza, María del Mar Lorenzo -que ha pedido amparo al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ)- el Gobierno regional exime de responsabilidad a los técnicos forestales y a los ex-altos cargos de la Junta, tal y como ya hiciera la fiscalía, que solo acusa a uno de los excursionistas.
Asimismo, y al igual que el ministerio público, la Junta pide a la jueza que el caso sea remitido a la Audiencia Provincial de Guadalajara para que sea esta instancia la que lo juzgue por el procedimiento del sumario y no por el de procedimiento abreviado, que correspondería a los juzgados de lo penal.
El Ejecutivo que preside José María Barreda, reprocha a los excursionistas haber omitido "las más elementales medidas preventivas" cuando prendieron la barbacoa en el término municipal de La Riba de Saelices (Guadalajara) el 16 de julio de 2005.
La Junta explica que aquel día, "debido a la falta de vigilancia de los autores del fuego", un elemento incandescente cayó de las barbacoas y prendió en un campo de cereal cosechado que se incendio y tras recorrer el fuego unos quinientos metros alcanzó la masa forestal de pino rodeno "incardinado en el parque natural del Alto Tajo".
La Junta cifra la superficie afectada en 12.874 hectáreas, la mayoría de pinar rodeno, y calcula en más de 10,8 millones de euros el coste que para la hacienda regional tuvieron las tareas de extinción y la restauración forestal de al zona afectada.
En su auto de cierre de la instrucción, que ha durado cuatro años, la jueza de Sigüenza imputa a veinte personas, entre ellas técnicos y altos cargos de la Junta, además de tres excursionistas.
Dicho auto motivó un debate en las Cortes Regionales el pasado mes de junio, que aprobaron una resolución con los votos del PSOE en la que se instaba al Gobierno autonómico a solicitar a los letrados de la defensa que pidan el sobreseimiento de las actuaciones para los políticos y los técnicos de la Junta y la imputación de los ocho excursionistas que causaron el fuego.
Antes, el portavoz socialista, Santiago Moreno, había afirmado que "no habría caso del incendio de Guadalajara" sin la jueza Lorenzo, que lo instruye desde hace dos años, y sin la ex presidenta de la Audiencia de Guadalajara y ahora vocal del CGPJ a propuesta del PP, Concepción Espejel.
Todo ello ha motivado la petición de amparo de la jueza al CGPJ y las críticas de asociaciones de jueces y del Tribunal Superior de Justicia de la región, que recuerda que un Parlamento no puede decir a los jueces qué deben decidir y defendiendo la independencia judicial.
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