Madrid.- El fiscal de la Audiencia Nacional ha pedido hoy penas de entre nueve y veintisiete años de cárcel para los doce acusados de integrar el último "comando Donosti" de la banda terrorista ETA.
El representante del Ministerio Público pide veintisiete años de cárcel para José Ángel Lerín, considerado jefe del "comando Urederra" del "complejo Donosti", por los delitos genéricos de pertenencia a banda terrorista, depósito de explosivos, tenencia de armas y falsificación de documentos.
Además, acusa a Arkaitz Agote, Juan Carlos Herrador y Sergio Lezcano de pertenencia a la banda como miembros de este mismo comando, por lo que pide para ellos diez años de prisión; que para los dos primeros se elevan a veinte al imputárseles también un delito de depósito de explosivos.
Por otra parte, ocho personas más les han acompañado en el banquillo, acusadas de colaboración con banda terrorista por haber supuestamente realizado para ellos tareas de alojamiento, transporte e información, entre otras, por lo que se solicitan para ellos penas de nueve años de cárcel.
Según el informe presentado por la Fiscalía, este comando, aunque no había realizado aún ninguna acción terrorista, elaboró unas 340 informaciones sobre objetivos, entre los que destacan el filósofo Fernando Savater, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, un militar del cuartel de Loyola y dos ertzainas de Tolosa, entre otros.
Además, en los registros que siguieron a las detenciones de los acusados fueron incautados unos 180 kilos de explosivos, distribuidos en distintas localizaciones, así como informaciones de vigilancia de objetivos o documentos propagandísticos de la banda terrorista.
Sin embargo, los abogados defensores de la mayor parte de los imputados han alegado que no hay evidencia suficiente para condenar a sus defendidos, ya que durante la vista oral sólo se han presentado como pruebas las declaraciones realizadas por los procesados después de su detención, que no han ratificado durante el juicio alegando que fueron declaradas bajo presión y malos tratos.
Varios de los letrados han insistido en su informe en que sus defendidos realizaron tras su detención denuncias relativas al trato recibido por parte de los agentes, y relataron que se les habían realizado interrogatorios previos a las declaraciones oficiales, por lo que consideran que dichas declaraciones no son válidas como pruebas.
Por ello, las defensas han pedido la libre absolución de los acusados y, en el caso de que sean finalmente condenados, han pedido, de manera subsidiaria, que se apliquen penas "más proporcionadas", para lo que han invocado sentencias de la misma sala en las que se habían aplicado penas menores para delitos del mismo tipo, algunos incluso más continuados en el tiempo.
Además, en el caso de la mayoría de los acusados de colaboración, aun en los supuestos en los que han reconocido haber realizado las acciones que se les imputan -como alojamiento o transporte-, sus letrados han insistido en lo que ellos mismos han declarado durante el juicio: que lo hicieron sin saber que sus coimputados pertenecían a ETA.
Frente a este argumento, el fiscal ha señalado que los acusados se conocían entre sí y pertenecían a un entorno próximo, lo que a su entender supone que "no es creíble que se ignoraran las actividades de las personas con las que se estaba colaborando".
"Lo que se hace como ayuda a miembros de ETA se hace porque se colabora con ETA", ha concluido el representante del Ministerio Público.
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