Madrid.- Las entidades financieras españolas contarán este año con un máximo de 36.000 millones de euros para afrontar su reordenación o reforzar sus recursos gracias al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya creación ha aprobado hoy el Gobierno.
El sistema financiero español ha sido solvente durante esta crisis, si bien el Gobierno reconoce que podría haber entidades con dificultades en el próximo ejercicio si la situación económica no mejora, y por eso la necesidad y urgencia de aprobar este nuevo instrumento de apoyo al sector.
Aunque el FROB tiene un capital inicial de 9.000 millones de euros, que serán aportados al 75% por el Estado y al 25% por las entidades financieras, podrá endeudarse en lo que queda de año hasta casi tres veces más dicho montante, es decir, en 27.000 millones de euros, lo que suma 36.000 millones.
Previsiblemente, según apuntó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, el fondo "durará varios años", y para ese tiempo indefinido se ha previsto que cuente con una capacidad de endeudamiento total de 90.000 millones de euros.
A pesar de estas magnitudes, la titular de Economía insistió en que el fondo "no supone un gasto para el contribuyente" ni generará déficit público.
El instrumento aprobado hoy mediante decreto-ley se negoció hasta última hora de ayer con los partidos políticos, por lo que el Gobierno espera que se convalide en el Congreso con un "amplísimo consenso", según Salgado.
En las conversaciones han estado presentes asuntos como la potestad que las Comunidades Autónomas tienen para autorizar las fusiones de las cajas de ahorros, que según anunció la ministra se mantendrá invariable porque no se va a reformar la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).
Salgado apuntó no obstante que en el caso de que se intervenga una caja, el Banco de España tiene la autoridad plena sobre ella y sobre las decisiones que se tomen sobre su futuro, incluidas fusiones.
Recordó en cualquier caso que el fondo se ha diseñado no sólo pensando en las cajas, sino en el sistema financiero en su conjunto, incluidos bancos y cooperativas de crédito.
Serán estos tres tipos de entidades financieras las que con sus aportaciones a sus respectivos Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) pongan el 25% del capital inicial del FROB, 2.250 millones de euros, que se utilizarán indistintamente para ayudar a unas u otras.
El resto, 6.750 millones, provendrá de recursos que habían sido presupuestados para el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y que el Estado no utilizó.
Con todo ese dinero el FROB podrá cumplir dos objetivos: o gestionar los procesos de reestructuración o contribuir a reforzar los recursos de las entidades en los procesos de integración.
Si las entidades no llegan a una solución privada -en lo que se conoce como primera fase de la reordenación- se llega a la segunda etapa, con medidas para ayudar a las entidades que, aunque solventes, tengan debilidades que puedan afectar a su viabilidad.
En esta segunda fase las ayudas deben provenir de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) sectoriales, diseñados ya con este fin, aunque si se necesita más dinero el FROB podrá darles financiación, y las entidades deberán por su parte presentar en un mes un plan de viabilidad que debe aprobar el Banco de España.
A la tercera fase se llega si el banco o caja no es capaz de cumplir su plan de viabilidad, por lo que es necesaria la intervención del Banco de España y el uso del FROB, a través del cual se adquirirán títulos de la entidad.
Según el borrador del decreto, los títulos que el FROB adquiera serán participaciones preferentes, que en un plazo de tres años -prorrogable dos más con un informe favorable del Banco de España- deberá recomprar la entidad.
Si no lo hace, el Estado se reserva el derecho a convertir las participaciones en cuotas con derecho excepcional de representación en la Asamblea General, en el caso de las cajas, en acciones de los bancos o en participaciones del capital en el caso de las cooperativas.
El FROB contará con control parlamentario, ya que el secretario de Estado de Economía deberá comparecer en el Congreso trimestralmente para informar de su gestión.
En caso de que se intervenga una entidad, tanto él como el subgobernador del Banco de España -responsable de la Comisión Rectora del fondo- habrán de informar sobre la operación.
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