Toledo.- Unas doscientas personas se manifestaron hoy en Toledo en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del grupo de periódicos de La Tribuna en Castilla-La Mancha y que afectaría a la mitad de la plantilla, actualmente de 154 trabajadores.
Los manifestantes, llegados de todas las provincias de la región, a excepción de Albacete -donde la editora Promecal no tiene la mayoría del accionariado- partieron a mediodía desde la puerta de Bisagra hasta la consejería de Trabajo y Empleo, para pedirle a la consejera, María Luz Rodríguez, que no acepte el ERE, por entender que la empresa, propiedad de Antonio Méndez Pozo, es viable.
En la consejería, los representantes sindicales se reunieron con el director general de Trabajo, Reinaldo de la Fuente, que "quiere" que el ERE de La Tribuna se apruebe con acuerdo de las partes, tal como ocurre en el 98% de los Expedientes de Regulación de Empleo que se plantean en Castilla-La Mancha y, por tanto, en las mejores condiciones posibles, dijo a Efe el presidente del comité de empresa de Toledo, Justo Monroy.
La marcha de protesta, convocada por CCOO y UGT y apoyada también por el CSI.F, iba encabezada por una pancarta que rezaba 'Por el empleo y no al ERE de La Tribuna", grupo que ha cerrado ya las televisiones de Toledo y Ciudad Real, donde trabajaban veintiocho personas.
Además de los delegados sindicales del periódico, a la protesta acudieron, entre otros, el secretario provincial de CCOO en Toledo, Jesús García Villaraco; el coordinador de empresas privadas del CSI.F, José Luis Domínguez; el presidente de la Asociación de la Prensa de Toledo (Apto), Ismael Barrios, y la concejala de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Carmen Jiménez.
Según explicó Justo Monroy, las negociaciones con la empresa "están estancadas" al no aceptar los representantes sindicales la última oferta hecha por 'Promecal', que quiere cerrar las sedes del periódico en Guadalajara y Cuenca y reducir la plantilla en Toledo, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Puertollano.
Tan solo se ha logrado hasta ahora -dijo Monroy- que las 92 personas incluidas inicialmente en la propuesta del ERE se haya dejado en 79, cuando los sindicatos proponen que se quede en 62 despidos.
CCOO y UGT tampoco aceptan unas indemnizaciones que consideran "ridículas", de unos mil euros y veinticinco días por año trabajado y de treinta días para los empleados de las sedes que cierran (Cuenca y Guadalajara), cuando los sindicatos plantean, para estos últimos 55 días.
A juicio del presidente de la Apto, Ismael Barrios, el panorama en los medios de comunicación es "angustioso" y considera que "las empresas no pueden escudarse en la crisis" para plantear regulaciones de empleo, máxime teniendo en cuenta las expectativas profesionales se que habían creado en torno a este grupo.
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