Washington.- El juez que supervisa la quiebra de General Motors (GM) negó hoy a un grupo de tenedores de bonos su constitución como comisión oficial, lo que dificultará su intento de bloquear la venta de los activos del fabricante a la Nueva GM.
El juez Robert E. Gerber dijo que la "Comisión No Oficial de Tenedores de Bonos Familia y Disidentes" no demostró que esté representando de forma adecuada a los pequeños acreedores de GM, indicó hoy el periódico The Detroit News en su edición electrónica.
La comisión, formada por unos 2.000 pequeños inversores con bonos de GM, se opone a que los activos rentables del fabricante de automóviles sean vendidos a la Nueva GM, empresa que surgirá una vez que GM abandone la quiebra.
El juez del Tribunal de Quiebras de Nueva York también señaló que los pequeños inversores ya están representados por la comisión de acreedores no asegurados y que está integrada por otros acreedores del fabricante.
Los abogados de GM y sus principales acreedores se oponían a que los pequeños inversores formaran su propia comisión oficial por entender que están representados por las dos compañías fiduciarias (Wilmington Trust Company y Law Debenture Trust Company) que representan a los tenedores de 27.000 millones de dólares en bonos.
La decisión de Gerber significa que el grupo de pequeños inversores tendrá que pagar de su propio bolsillo los costos legales en los que incurran si quieren continuar el proceso judicial.
Los grupos integrados en comisiones tienen sus facturas legales pagadas por el patrimonio de GM.
GM se declaró en quiebra el 1 de junio tras fracasar en su intento de reestructurar sus 27.000 millones de dólares de deuda no asegurada.
La compañía y el Departamento del Tesoro confían en que la empresa saldrá de la quiebra en las próximas semanas, una vez que los tribunales autoricen la venta de sus activos rentables a la Nueva GM.
La Nueva GM estará formada por cuatro marcas (Chevrolet, Cadillac, GMC y Buick) en vez de las ocho actuales, tendrá unos 23.500 empleados de fábricas y su accionariado estará en manos de los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá, el sindicato United Auto Workers (UAW) y los acreedores.
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