El Parlamento inicia la votación para elegir al nuevo presidente tras la salida del primer 'speaker' desde 1695

LONDRES.-  El Parlamento británico ha comenzado ya el proceso para elegir al que será su nuevo presidente tras la renuncia del primer 'speaker' en 300 años, salpicado por el escándalo de los gastos, a partir de una votación que por primera vez en la historia se desarrollará en secreto y que se compondrá de las rondas necesarias hasta que el finalmente elegido obtenga mayoría absoluta.

Como estaba previsto, finalmente fueron diez los aspirantes que esta mañana presentaron sus credenciales --el apoyo de al menos 12 parlamentarios, tres como mínimo de un partido diferente al suyo--, entre los que se encuentran siete laboristas, dos conservadores y un liberal-demócrata. Del total, tan sólo dos son mujeres, si bien una de ellas, Margaret Beckett, figura en la quiniela de favoritos para suceder a Michael Martin, lo que situaría al frente de la Cámara de los Comunes por tercera vez consecutiva a un diputado procedente de las filas laboristas.

Los otros dos mejor situados para el puesto son los conservadores John Bercow, considerado el de perfil más reformista, quien contaría con el apoyo de varios ministros e importantes reticencias entre sus propios compañeros de partido; y George Young, quien despierta suspicacias entre la formación del Gobierno por sus raíces aristocráticas y una formación en el elitista colegio de Eton, al igual que el propio líder de la oposición, David Cameron.

Tras la apertura de la sesión por parte del diputado más veterano de la Cámara y la intervención de los diez aspirantes, los parlamentarios, que estrenan el proceso aprobado en 2001 tras la polémica elección de Michael Martin hace ocho años, han tenido media hora para votar y el recuento llevará en torno a 60 minutos, si bien es imposible determinar cuándo se conocerá al vencedor, puesto que dependerá del número de rondas necesarias hasta que uno obtenga la mayoría absoluta.

MANIOBRAS

Los medios de comunicación ya han advertido de maniobras por parte de los responsables de mantener la disciplina en los partidos, quienes preferirían un 'speaker' con menos aspiraciones de reforma para evitar que se les resten capacidades para pasar a otorgar más poder a los 646 diputados que se sientan en Westminster. Además, tres de sus miembros no tomarán parte: el decano de los Comunes, quien hoy dirige el pleno; el primer ministro, Gordon Brown; y Michael Martin, quien ayer convirtió en oficial su renuncia al escaño.

Una vez designado, el nuevo 'speaker' abandona el partido y en las sucesivas elecciones generales concurrirá como independiente en su circunscripción, ya que por tradición ninguna de las grandes formaciones presenta alternativa. Además, una vez confirmado, el nuevo 'speaker' es arrastrado hasta el sillón verde que preside la Cámara, ya que también por tradición debe mostrar reticencia y, por último, su nombramiento debe ser aprobado por la Reina.

En este sentido, a diferencia de la del Congreso español, la Presidencia del Parlamento británico tiene un carácter vitalicio y sólo cambia a su titular una vez éste fallece o se retira de la política. Sus emolumentos ascienden a 144.520 libras, más del doble de las 64.766 de un diputado medio, además de una residencia en el complejo de Westminster que, además de un número importante de estancias ceremoniales y vistas directas al Támesis, cuenta con áreas privadas para el 'speaker' y su familia.

RETOS

No obstante, el presidente del Parlamento que salga de esta votación de 2009 estará obligado a comandar un período de reformas que llevará a Westminster a una revisión integral del aparato institucional considerado más antiguo de la Europa moderna, sacudido por el escándalo de los gastos, que ha afectado no sólo a un notable número de diputados de todos los grupos, sino al propio Gobierno.

En consecuencia, los retos del nuevo titular de los Comunes serán diferentes a los que venía desempeñando Martin, puesto que una de las consecuencias de la actual tormenta política conllevará sustituir la autorregulación vigente por un control externo independiente que se encargue de autorizar las reclamaciones en base a un sistema consensuado por los todos los grupos.