Lima.- Una peruana de 16 años demandó hoy al Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW, por su sigla en inglés) por no permitirle someterse a un aborto terapéutico en 2007 para impedir su invalidez permanente.
"Esta mañana se ha presentado el caso de L.C ante el Comité del CEDAW de las Naciones Unidas", anunció la representante del Centro de Derechos Reproductivos, Lilian Sepúlveda, en una rueda de prensa en Lima a la que acudió el abogado de la familia y defensores de derechos humanos.
La menor, identificada por sus iniciales L.C., intentó suicidarse en 2007, cuando tenía 13 años, saltando desde un edificio debido a los constantes abusos sexuales que sufría.
La adolescente sufrió lesiones en la columna vertebral producto de la caída y fue atendida en el hospital público Daniel Alcides Carrión, en la región del Callao (norte de Lima), donde se descubrió que estaba embarazada.
"Los médicos después de examinar su estado su salud y diagnosticar que urgentemente se le hiciera una intervención quirúrgica a su columna, para asegurarse de que las heridas pudieran ser sanadas y que el daño causado no sea permanente, (ellos) decidieron no hacer esta intervención porque estaba embarazada", acotó.
L.C. tuvo poco después un aborto espontáneo producto de las lesiones y fue operada de la espina dorsal, pero los médicos le comunicaron que quedaría parapléjica.
Sepúlveda subrayó que, como resultado de la negativa del Estado a interrumpir su embarazo, L.C. "no va a poder volver a caminar y depende por completo de la ayuda de su familia y personas cercanas para poder sobrevivir".
El aborto terapéutico, al que se somete una mujer cuando su embarazo pone en riesgo su vida o su salud física o mental, es legal en Perú desde 1924, aunque aún no se ha aprobado un protocolo que lo regule.
Por ello, L.C. llevó el caso ante la instancia internacional para que se le reconozca la violación de sus derechos humanos básicos, se le indemnice por los daños físicos y mentales ocasionados como consecuencia de la negativa de los médicos a interrumpir su embarazo y se promulgue una reglamentación sobre el aborto terapéutico, explicó Sepúlveda.
El caso de L.C. es el segundo de este tipo en Perú que se lleva a una instancia internacional.
El primero fue el de K.L., una adolescente de 17 años que fue obligada a llevar a término el embarazo de un feto sin cerebro, que se prolongó casi 10 meses, y también fue forzada a alimentar a la criatura durante los cuatro días que vivió, lo que originó a la madre una severa depresión.
Este segundo caso fue llevado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNHRC, por su sigla en inglés), que resolvió en 2005 que Perú debía indemnizarla y, además, reformar sus políticas para evitar casos similares, lo que aún no ha ocurrido.
En noviembre de 2005, el UNHRC se pronunció a su favor y estableció que negarle el acceso al aborto legal violaba los derechos humanos básicos de las mujeres, puntualizando que el derecho a la salud no sólo hace referencia al dolor físico sino también al sufrimiento moral.
Era la primera vez que un organismo internacional de derechos humanos responsabilizaba a un gobierno de asegurar el acceso a servicios para un aborto legal, pero el Ejecutivo peruano todavía, varios años después, no ha cumplido el dictamen de la UNHRC.
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