Oviedo.- La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, ha anunciado hoy que el 86,6 por ciento de las 24.423 solicitudes de dependencia presentadas en Asturias hasta el pasado 1 de junio ya han sido evaluadas y ha afirmado que su departamento trabaja para habilitar más plazas.
Además, ha subrayado que se está intentando acortar los plazos de tramitación con el objetivo de poder cumplir con el máximo de seis meses que recoge la ley.
La diputada del PP Inmaculada González ha interpelado a la consejera de Bienestar Social y Vivienda sobre la política en materia de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en Asturias.
En su intervención ante el pleno de la Cámara, la consejera ha explicado que de las 24.423 solicitudes recibidas en Asturias 19.681 ya tienen resuelta la valoración, y 14.533 tienen reconocido el derecho a algún tipo de prestación.
De éstas, 8.452 ya están recibiendo algún tipo de prestación o servicio y unas 6.000 siguen pendientes de la negociación de Plan Individual de Atención (PIA).
De las 8.452 que reciben algún tipo de prestación o servicio, 4.308 son cuidados familiares con la consiguiente asignación económica, 460 tienen concedida una prestación vinculada a servicios, 2.616 atención residencial, 474 centros de día, 566 servicios de ayuda a domicilio y 28 teleasistencia.
La consejera ha reconocido que la implantación de la ley de dependencia está generando problemas en Asturias, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas, y ha asegurado que su departamento "no está de brazos cruzados".
"Llevamos seis meses trabajando para mejorar la implantación de la ley y agilizar la tramitación, y para ello se han establecido prioridades", ha declarado Martín.
Entre dichas prioridades ha destacado la de reforzar la capacidad técnica de gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y agilizar los plazos de evaluación y resolución de expedientes.
Como solución ha anunciado que se reforzará con 30 personas la plantilla de los servicios sociales municipales y se incorporarán otras 25 personas a la Consejería, 15 de las cuales reforzarán los equipos territoriales, lo que supone incrementar la plantilla en un tercio, mientras que los 10 profesionales restantes supondrán duplicar el número de técnicos que se encargan de la mecanización de los datos, las valoraciones económicas de los solicitantes, la resolución y las notificaciones.
Ha añadido que tras revisar el procedimiento que se venía aplicando, también se ha decidido realizar de oficio las valoraciones sin requerir al solicitante la aportación de la documentación económica, que se consulta directamente.
La segunda prioridad que la consejera ha destacado es la de impulsar la constitución de servicios públicos para garantizar la oferta de servicios a las personas en situación de dependencia en todas las áreas y zonas básicas del mapa de servicios sociales.
Igualmente, ha apostado por una revisión normativa del procedimiento para la valoración económica de los solicitantes para acceder a los servicios y prestaciones.
Otra de las medidas subrayadas por la consejera es la reforzar la capacidad de la red básica de servicios sociales municipales para la atención domiciliaria de personas dependientes y el seguimiento de apoyo de cuidados en el entorno familiar.
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