El Congreso rechaza las enmiendas de la totalidad de IU y BNG a la Ley Paraguas

Madrid.-  El Congreso rechazó hoy las enmiendas de totalidad presentadas por IU y BNG al proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio, más conocido como Ley Paraguas, por 319 votos en contra (PSOE, PP y CiU), 7 a favor (BNG, IU, ICV, NaBai y CC) y 8 abstenciones (ERC y PNV).

Este rechazo supone un paso más hacia la trasposición de la Directiva Europea de Servicios, cuyo plazo finaliza en diciembre de este año y cuyo objetivo es la liberalización del sector servicios para acabar con la espera de la autorización administrativa para abrir un negocio.

El Gobierno estima que dicha trasposición suponga una aportación de 1,2 puntos a la economía española, así como la creación de hasta 200.000 nuevos empleos.

La Ley Paraguas sienta las bases para la trasposición de la directiva en otras leyes y para todas las administraciones.

En su intervención en el debate, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, afirmó que el proyecto de ley es "respetuoso" con las comunidades autónomas y "no altera el reparto competencial".

Salgado pidió el rechazo de estas dos enmiendas a la totalidad porque la nueva normativa de libre prestación de servicios es una "oportunidad para reformar en profundidad un sector que representa las dos terceras partes del PIB y del empleo total".

En su opinión, la Ley Paraguas facilitará la creación de empresas, elevará la calidad de los servicios y condicionará la competitividad y el bienestar de las familias.

Salgado explicó que el nuevo marco normativo de Servicios "no afecta a las condiciones de empleo ni de trabajo" y defendió el principio de libertad de establecimiento para ejercer una actividad del sector servicios en cualquier territorio de la UE.

IU y BNG mostraron su oposición al proyecto de ley por considerar que supone una amenaza para el sector público, restringe el ámbito de aplicación de sus servicios y reduce la protección de los derechos de los ciudadanos.

La diputada del BNG Olaia Fernández justificó la presencia de la enmienda a la totalidad de su grupo por el hecho de que desregula múltiples sectores de intervención administrativa y recorta las competencias autonómicas de regulación sectorial de actividades.

Además, añadió que el proyecto de ley elimina la exigencia de autorizaciones individuales para abrir un negocio y las limita a la existencia de razones imperiosas de interés general.

Por parte de IU, Gaspar Llamazares, defendió la enmienda a la totalidad e indicó que el proyecto de ley va más allá del carácter neoliberal de la Directiva europea y que antepone la libre circulación a los derechos sociales, con lo que, en su opinión, "vamos a una Europa con mucho mercado, pero sin alma".

A su juicio, el Gobierno ha decidido hacer méritos ante la UE y sus políticas neoliberales, "siendo mas papista que el Papa".

En contra de las enmiendas votó el PP, a pesar de que su diputado Álvaro Nadal criticó que el Ejecutivo se haya quedado "corto" en la trasposición de la directiva europea y no haya "aprovechado" para hacer una "liberalización ordenada" y crear una "verdadera legislación de unidad de mercado".

Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien rechazó las enmiendas a la totalidad, confió en que los aspectos "débiles" del texto se mejoren en el trámite parlamentario y subrayó que la normativa europea no conculca las competencias autonómicas, sino que es el texto aprobado por el Gobierno el que "no atiende suficientemente el marco competencial".

Además, la diputada del PSOE Meritxell Batet destacó que el futuro de España pasa por la transformación de la administración pública para mejorar la productividad y garantizar la eficiencia y la eficacia de la economía.