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El fiscal pide el archivo del "caso salmón" porque el delito habría prescrito

EFE
Actualizado 16-06-2009 21:45 CET

Las Palmas de Gran Canaria.-  La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se confirme el archivo del "caso salmón", en el que ha sido investigado el vicepresidente del Gobierno canario José Manuel Soria y otras personas, pues de haber cometido un delito de cohecho, éste habría prescrito.

Soria fue denunciado por un viaje que hizo en 2005 a Noruega a pescar salmón invitado por el empresario Bjorg Lyng (fallecido), propietario del complejo hotelero Anfi Tauro, meses antes de que el Cabildo de Gran Canaria, que por entonces presidía el político, informara a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en el citado establecimiento.

En su informe, el fiscal dice que no ha observado "ninguna irregularidad" atribuible a Soria en la declaración de interés general del citado proyecto turístico de Anfi Tauro, pues ni tan siquiera participó en el Consejo celebrado en 2005 en el que el Cabildo emitió su informe favorable.

En cuanto a sus vacaciones en instalaciones del Grupo Anfi, el fiscal dice que no se han acreditado indicios incriminatorios contra el vicepresidente porque no abonara sus estancias, aunque sí ha quedado demostrado que pagaba la tarifa más económica.

Sobre los "viajes gratuitos" de Soria en un avión particular del dueño de Anfi, el fiscal entiende que si podrían constituir dádiva a los efectos del artículo 425 del Código Penal, aunque de existir delito de cohecho éste hubiera prescrito.

El pasado 21 de mayo, la magistrada instructora del llamado "caso Salmón", Margarita Varona, archivó la denuncia por cohecho presentada contra el presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, José Manuel Soria, por el periodista Carlos Sosa y la Asociación Justicia y Sociedad.

En sus fundamentos, la magistrada señalaba que no puede considerarse como un soborno la aceptación por parte de Soria de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega, e indicaba que tampoco quedaba acreditado el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos imputado al diputado regional y secretario general del PP, Manuel Fernández.

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