La Paz.- La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumió las deudas de la anglo-holandesa Shell y de la británica Ashmore en la nacionalizada Transredes para frenar el arbitraje iniciado por ambas petroleras contra el Gobierno de Evo Morales, informó hoy una fuente oficial.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, declaró hoy a la estatal radio Patria Nueva que el proceso de compra de las acciones de esas empresas en la transportadora de hidrocarburos contempló una deuda de 50 millones de dólares de las petroleras con el fisco.
Villegas explicó que cuando se nacionalizó Transredes en mayo de 2008, la existencia de la deuda aún no había sido definida pues estaba en un proceso contencioso tributario que, finalmente, resultó favorable al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Añadió que entre septiembre y octubre de 2008 se acordó pagar una compensación a la Shell y a Ashmore -120 millones de dólares a cada una- por sus acciones en la transportadora, cuyo nombre fue cambiado a "YPFB-Transportes" tras la nacionalización.
A cambio, ambas petroleras se comprometieron a cancelar el arbitraje que habían iniciado contra el Gobierno boliviano.
"Entre ambas empresas exigían un pago de 1.000 millones de dólares. Ese fue otro elemento que nos llevó a la consideración para tomar decisiones de tal manera de no tener un arbitraje internacional", señaló Villegas.
El 1 de mayo de 2008 el Gobierno de Evo Morales emitió un decreto para nacionalizar el 50 por ciento de acciones que la Shell y Ashmore tenían en Transredes, a través del consorcio TR Holding.
Como no se llegó a un acuerdo, en junio del año pasado el Ejecutivo emitió un segundo decreto para expropiar la transportadora de hidrocarburos. Las petroleras respondieron con un arbitraje.
Finalmente, el Estado y las empresas llegaron al convenio señalado por Villegas.
El presidente del Senado boliviano, Óscar Ortiz, denunció en mayo pasado que hubo irregularidades que causaron daño al Estado boliviano en la nacionalización de Transredes.
Expertos y analistas bolivianos han cuestionado también la forma en que el Gobierno boliviano llevó adelante el proceso de nacionalización de los hidrocarburos.
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