El fiscal apoya las escuchas en prisión pero los padres piden su destrucción

Sevilla.-  La Fiscalía de Sevilla ha defendido la legalidad de las escuchas realizadas a los acusados por la muerte de Marta del Castillo con sus abogados en el locutorio de la cárcel, aunque la acusación particular que ejercen los padres de la víctima ha pedido la destrucción de las cintas y su anulación como prueba.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la Fiscalía de Sevilla, en un escrito dirigido al juzgado de instrucción 4, ha apoyado la legalidad de dichas escuchas porque se acordaron en un auto bien motivado por el juez y eran "proporcionadas al fin que se perseguía", que era conseguir alguna pista sobre el paradero del cuerpo de la joven.

Por ello, el fiscal del caso se ha opuesto a la petición realizada por la abogada del asesino confeso, Miguel C.D., de que se decrete la nulidad del auto que autorizó intervenir sus conversaciones en el locutorio de la cárcel, que se destruya su soporte informático y que el contenido se anule como prueba para el futuro juicio.

Esta petición de nulidad ha sido apoyada por los abogados de los restantes acusados y también por el letrado José María Calero, que ejerce la acusación particular en nombre de los padres de Marta, quien considera que se deben anular las escuchas de los acusados con sus abogados, por afectar al derecho fundamental de defensa, pero no la intervención de su correspondencia ni las entrevistas mantenidas con otras personas en el locutorio de la cárcel.

Entre los restantes cuatro acusados, el letrado de Francisco Javier D.M., hermano mayor del asesino confeso, se ha adherido en todos sus extremos a la nulidad de las escuchas y además ha invocado los derechos de defensa que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El juez de instrucción 4 de Sevilla autorizó el pasado 3 de marzo intervenir todas las conversaciones de los encarcelados por el crimen de Marta con el objetivo de encontrar alguna pista sobre el lugar donde arrojaron el cadáver.

La transcripción de dichas conversaciones no reveló el paradero del cuerpo pero en ellas el asesino confeso ratificaba que lo arrojó a un contenedor y expresaba su sorpresa por el hecho de que no hubiese aparecido, después de un mes de búsqueda, en el vertedero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

La Fiscalía de Sevilla ha apoyado la decisión del juez porque la restricción del derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones se acordó según lo previsto por la ley, en un auto motivado y "proporcional al fin que se buscaba", según las citadas fuentes.