La llegada de los ex presos de Guantánamo a territorio europeo ya es una realidad. Al menos sobre el papel. Tras varios meses cavilando sobre cómo actuar ante las peticiones de Obama y de su ejecutivo para que la Unión Europea forme parte del penal, los Veintisiete han firmado hoy un acuerdo bilateral con Estados Unidos que establece el marco para la recepción de estas personas. Podríamos decir que se trata de un documento histórico, que lo es, pero está prácticamente vacío. Las decisiones importantes están por llegar, cuando las autoridades norteamericanas negocien país por país las condiciones de la acogida de antiguos reclusos de la prisión militar. Si bien es cierto que era necesario un consenso para tomar una decisión que va a afectar a toda la UE y el espacio Schengen —el texto rubricado deja bien claro que "aceptar un ex detenido tiene implicaciones para los otros"—, ningún país estará obligado a recibir a estas personas.
En definitiva, que será el Estado español, y más en concreto el Ministerio de Asuntos Exteriores, el que decidirá el número y las condiciones finales en las que vendrán estas personas a nuestro país (y si es que vienen). No tardaremos en conocer los detalles. De hecho, Miguel Ángel Moratinos se reunirá este viernes con Dan Fried, Subsecretario de Estado de Estados Unidos y representante especial para negociar el traslado de presos de Guantánamo a otros países.
A pesar de haberse mostrado siempre bastante favorable a acoger presos, —Zapatero aseguró que diría "sí" si Obama se lo pedía— Moratinos ha sido bastante impreciso al contestar las cuestiones sobre qué ocurrirá en la reunión. Su respuesta, "en un principio" será "positiva" y siempre dentro del marco de la legalidad española. "Tenemos que esperar a que nos presenten la solicitud, el número y las personas que ellos creen que pueden ser acogidas en España y, a partir de ahí, responderemos en un sentido en principio positivo, siempre y cuando la legalidad internacional interna nos lo permita", ha adelantado el jefe de la diplomacia española en la reunión de titulares de Exteriores que ha tenido lugar esta mañana en Bruselas.
Una de las condiciones que puso Moratinos cuando comenzó a hablarse de la cooperación europea para cerrar Guantánamo era que los presos que llegaran a España tuvieran alguna relación con el país. Sin embargo, la organización británica Reprieve, encargada de defender a algunos presos de Guantánamo, aseguraba en una entrevista en La Vanguardia que Estados Unidos tendría la intención de recolocar a siete personas que, en realidad, "no tienen lazos directos".
De acuerdo con la legalidad española, los ex presos de Guantánamo podrían llegar a España bajo la condición de refugiados o por la modalidad de circunstancias excepcionales, según un abogado consultado. Ambos estatus se conceden "por razones humanitarias o de interés público, sobre todo en el caso de quienes se ven obligados a abandonar su país como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso".
Éste podría ser el caso de estas personas que, en muchas ocasiones, fueron detenidas de manera irregular. Según el país norteamericano, tras su paso por el penal, podrían representar una amenaza para Estados Unidos, pero tampoco pueden volver a sus países por "razones imperativas", ya que podrían ser torturadas o perseguidas. De ser así, éstos serían sus derechos una vez en España.
Como es obvio, todos estos trámites implican unos gastos para el Estado español que, en muchos casos, otorga una ayuda económica mensual a los refugiados durante al menos un año. Por ello, Estados Unidos ha anunciado o, mejor dicho, "considerado" —así consta en la declaración de hoy— compensar con ayudas económicas a aquellos países que cooperen, pero siempre analizando "caso por caso".
Algunas personas liberadas de la cárcel de Guantánamo ya han comenzado su nueva vida en otros países. Uno de los ejemplos más claros ha sido el de 17 chinos musulmanes de la etnia uigur que, tras años navegando en un limbo legal, fueron aceptados por Palau la semana pasada. Según publica la revista Slate, ni el Departamento de Estado ni el Gobierno de Palau han revelado detalle alguno sobre lo que espera a estas personas cuando lleguen al país asiático —que por cierto mantiene unas relaciones terribles con China—, pero algunas informaciones hablan de que les ha sido prometido vivienda, cobertura sanitaria, clases de idiomas, formación e incluso un visado para sus familiares.
De acuerdo con Slate, ésta no sería la primera vez que este tipo de promesas quedan en agua de borrajas. Según la revista, en 2006, otros cinco uigures fueron enviados a Albania, donde se suponía que iban a recibir vivienda y empleo, pero todo acabó convirtiéndose en una tormentosa estancia de más de un año en un centro de refugiados de las afuera de la capital y bastantes problemas para conseguir el permiso de trabajo, para el que se les puso la condición de aprender albanés.
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