Santiago de Compostela.- El Parlamento gallego aprobó hoy una iniciativa pactada por todos los grupos, que define los principios básicos para el nuevo modelo de financiación autonómica, entre ellos que se tengan en cuenta factores como el envejecimiento de la población, la dispersión, la orografía, la lengua o los emigrantes.
La propuesta partió de la diputada socialista María José Caride, que demandó que el nuevo modelo garantice una calidad de los servicios homogénea en todo el territorio y para todos los ciudadanos, aunque luego la iniciativa recibió la aportación del resto de grupos.
Con la moción aprobada, el Parlamento insta a la Xunta a intensificar las negociaciones para un nuevo modelo, basado en tres principios, el primero de ellos el de suficiencia y que garantice la cobertura de todos los servicios transferidos, "cuantificando de manera adecuada las necesidades de gasto".
En el caso de Galicia, apunta la propuesta, deben estar "correctamente" identificados y ponderados los elementos que inciden en el coste de la prestación de los servicios, como el envejecimiento poblacional, la orografía, la lengua o los residentes ausentes.
Igualmente, se ha de tener en cuenta, a criterio del Parlamento gallego, el principio de que, a igualdad de esfuerzo fiscal, la calidad de los servicios debe ser homogénea en todo el territorio y para todos los ciudadanos, vivan donde vivan.
Se ha de respetar también el principio de autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, para que se incrementen las competencias normativas y gestoras de la Comunidad autónoma sobre los tributos cedidos y compartidos.
Además,"se debe ahondar en la eficacia de nuestro sistema fiscal", y avanzar en la coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria e incidir en el principio de lealtad constitucional".
Para conseguir estos objetivos, apunta la iniciativa, "sería conveniente configurar una Agencia Tributaria de Galicia".
El nuevo modelo por el que aboga el Parlamento gallego debe permitir que Galicia "tenga más recursos" para garantizar la calidad de los servicios en parámetros similares al resto de España, tanto en el momento inicial como durante la vigencia del modelo, "garantizando su suficiencia financiera".
Finalmente, la iniciativa aprobada por unanimidad señala que la aplicación de todos estos principios tiene como objetivo conseguir que al participación de la Comunidad autónoma mantenga una posición relativa similar a la del sistema vigente.
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