Sevilla.- El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma pionera en España que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados.
La futura ley será ahora enviada al Parlamento andaluz para su tramitación definitiva, regula el "abanico de posibilidades" clínicas para garantizar una muerte diga y minimizar los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales.
Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Salud, María Jesús Montero, otras circunstancias que contempla la "ley de la muerte digna", que desarrolla un derecho incluido en el Estatuto de Autonomía, son la sedación paliativa terminal (conjunto de procedimientos para afrontar los procesos agónicos) y la determinación de la muerte cerebral.
El texto no regula la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues son figuras tipificadas en el Código Penal sobre las que no puede legislar un gobierno autonómico.
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